ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha anunciado la intención de convocar una mesa de trabajo con todos los sectores afectados para abordar los procedimientos de desahucios de viviendas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler.
En este órgano estarían presentes los secretarios judiciales, los abogados de oficio, procuradores, los servicios sociales, el propio ayuntamiento y el poder judicial, ha enumerado.
La finalidad es que "la alternativa habitacional esté presente e intentar desde el consistorio potenciar las medidas de acción social a los afectados por procedimientos de desahucios", ha subrayado el alcalde de Zaragoza.
Pedro Santisteve se ha reunido este martes con el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, para establecer "instrumentos de mejora de los mecanismos de colaboración con la administración de justicia y facilitar a los afectados por procedimientos de desahucios el conocimientos de los instrumentos de acción social".
Está previsto que estas reuniones también se hagan con las entidades financieras. Santisteve ha avanzado que la semana próxima se celebrará la primera reunión "previsiblemente con Ibercaja, en cuanto se concierte".
ESTRECHO MARGEN
En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Zaragoza ha destacado la receptividad de los representantes de la administración de justicia, pero ha reconocido que "tienen el problema del cumplimiento estricto de la legalidad" porque la legislación marca unos criterios de desahucios exprés que "dejan un estrecho margen aunque los magistrados tengan sensibilidad social".
A la reunión, que se ha prolongado durante cerca de una hora en la sede del TSJA, también han asistido la concejal y futura vicealcaldesa, Luisa Broto, junto al concejal, Pablo Híjar.
Broto ha avanzado que en este mes de junio hay una previsión de ejecutar unos diez desahucios en Zaragoza por lo que ha avanzado que "vamos a poner las medidas al alcance de los afectados" y ha confiado en que se pueda dar un alternativa por medio de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda tras analizar cada caso "para ver la situación social y la aplicación de los criterios del convenio en vigor".
Asimismo, ha anunciado el propósito de mantener una reunión con el futuro Gobierno de Aragón para impulsar una nueva ley de vivienda que "ofrezca un margen porque el Ejecutivo autonómico tiene la responsabilidad sobre la demanda habitacional y queremos establecer acuerdos en este sentido".
Optimista, Broto ha confiado en que "creemos que vamos a poder dar alguna alternativa" a estos procedimientos de desahucio, pero ha puntualizado que se tendrá que analizar cada caso individualmente.
En la actualidad, para realojar a familias desahuciadas la normativa establece unos criterios de vulnerabilidad entre los que figura si se trata de una familia monoparental o monomarental, si hay menores y criterios económicos.
POCO A POCO
"Esa parte se cumple en los desahucios pero veremos si en la mesa que se constituirá y con el trabajo del Gobierno de Aragón se puede avanzar en que esos criterios sean más inclusivos", ha dicho Broto para reconocer que "habrá que hacerlo poco a poco" porque todavía no se ha nombrado un nuevo Ejecutivo aragonés y "hay una parte que no podemos consolidar".
El también concejal de Zaragoza en Común, Pablo Híjar, ha propuesto cambiar el nombre de la Oficina Municipal de Mediación Hipotecaria por el de Oficina de Atención a la Vivienda al argumentar que los problemas también se producen en el alquiler. Híjar ha abogado por una actuación temprana para "informar legalmente sobre los derechos y profundizar en la política de realojo con los convenios que haya o los protocolos de actuación con el poder judicial".
Desde el Ayuntamiento "ante los desahucios previstos en junio vamos a intentar desplegar todas nuestras posibilidades e incluso con presencia de concejales, donde se vayan a producir para evitarlos porque no se pueden permitir imágenes de gente saliendo de sus casas", ha enfatizado.
Broto ha indicado que desde el Consistorio zaragozano se puede responder "en parte" a la demanda de una solución habitacional para incidir en que se trata de una "obligación" del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente del Gobierno de Aragón.
No obstante, ha asegurado que "en beneficio de estas familias vamos a intentar responder según cada circunstancia porque el objetivo es intentar evitar esas situaciones y ahora hay diez casos que hay que valorar uno a uno".
