Trabajadores de centros de menores de Aragón alertan de la "precarización" del sector y reclaman un convenio autonómico

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales que conforman la Plataforma por un Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores reclaman un acuerdo que revierta la "precarización" e introduzca mejoras en materia de salud, salario, jornada y organización del trabajo en Aragón y recoja los programas de la intervención social ligados a la identidad del territorio.

"Los trabajadores están hartos y las patronales nos toman el pelo", ha criticado la secretaria de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Aragón, Angélica Mazo, en una rueda de prensa este martes, en la que ha expuesto la situación del sector en Aragón, al tiempo que han lamentado la externalización del servicio, lo que lleva a la "precariedad" a nivel laboral y del trabajo con los menores.

Mazo ha recordado que se había convocado una huelga antes del verano, pero se paralizó "como un acto de fe" con el propósito de continuar con las negociaciones con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), dada su "disponibilidad y predisposición".

Sin embargo, "ha sido un fraude y lo único que han hecho es tomarnos el pelo", ha opinado Angélica Mazo, argumentando que no hay avances en materia económica, ni de prevención de riesgos laborales. Ante la falta de "propuestas claras", la secretaria de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Aragón se ha preguntado si el objetivo es desistir de la negociación, aunque ha advertido que "no va a ocurrir"; o bien que el Gobierno de Aragón "de un paso al frente".

De hecho, el Gobierno de Aragón ostenta la competencia exclusiva en materia de "acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial", dentro del cual se encuentra el sector de Reforma Juvenil y Protección de Menores.

En este punto, Mazo ha aclarado que desde el Departamento de Bienestar Social y Familia han trasladado su apoyo para avanzar en un convenio autonómico de reforma juvenil y protección de menores, pero rechazan una reunión conjunta con la patronal y sindicatos. Por todo ello, "inevitablemente, tenemos que volver a las movilizaciones y las plantillas están muy enfadadas".

La próxima concentración será el 20 de octubre, en la puerta del SAMA y el 23 del mismo mes se ha convocado una huelga en todo el sector autonómico de protección y reforma, en Zaragoza, Huesca y Teruel.

SITUACIÓN ACTUAL

Desde CGT, Héctor García ha desgranado algunas de la pretensiones de los sindicatos para la negociación de un convenio autonómico, como un incremento progresivo en materia salarial del 23% para los servicios de limpieza y residenciales; un 20% para auxiliares administrativas, de clínica y mediadores culturales; un 17% para auxiliar técnico educativo, integradores laborales sociales, maestro de taller, cocinera/o, mantenimiento; y un 15% para los trabajadores que requieran una titulación universitaria, como educadores sociales, psicólogas, enfermeras.

Del mismo modo solicitan una revisión anual automática según el IPC real + el 2%; y la inclusión de pluses específicos por peligrosidad. En este sentido, García ha explicado que estas subidas salariales significarían un 5,83% del presupuesto total del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), frente al 3,84% del gasto que representa en la actualidad.

"A nivel de todo el presupuesto de la comunidad autónoma entendemos que este gasto tampoco es una barbaridad", ha comentado, incidiendo en que este porcentaje incluye la carga de salarios, además de la parte que las empresas tienen de beneficios.

En lo que se refiere a salud laboral, piden mejoras en atención en las mutuas, ya que los servicios médicos no reconocen como contingencias profesionales muchas de las enfermedades profesionales y accidentes derivados la atención a niños y adolescentes --agresiones o estrés postraumático--.

También la aplicación efectiva de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros; la baja para las trabajadoras embarazadas desde el primer día del conocimiento de su estado; y la creación de una comisión mixta de salud laboral que analice los riesgos psicosociales específicos del sector.

En cuanto al personal, Héctor García ha detallado que en el centro de educación e internamiento por medida judicial de Zaragoza (CIMJ), gestionado por Rey Ardid, de una plantilla total de 38 educadores y educadoras hay 11 de baja, lo que representa un 28,95% de los educadores y educadoras de baja por accidente laboral.

Ha apuntado que en los centros de protección es imposible disponer de datos por la falta de representación sindical de los trabajadores en la mayoría de centros y la opacidad al respecto de las empresas.

La reducción progresiva de la jornada anual desde las 1.722 horas actuales hasta las 1.476 horas anuales es otra de las reivindicaciones, con la finalidad de equipararse al convenio de la Comunidad Valenciana.

SERVICIO EXTERNALIZADO

Los servicios residenciales de protección y reforma de niños, niñas y adolescentes en Aragón lo atienden más de 600 trabajadores y trabajadoras distribuidos entre centros de protección, reforma y pisos tutelados, que atienden cerca de 720 plazas, a las que se suman 140 del programa 17plus y 74 de nueva creación para atender al último reparto de niños, niñas y adolescentes en toda la comunidad autónoma.

La mayoría de estos servicios son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas: Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam o Kairos. El servicio depende del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Así, el personal del sector exige un convenio autonómico propio, que permita equiparar las condiciones con Comunidad Valenciana o Navarra, donde ya existen acuerdos más avanzados, lo que lleva a buena parte de los profesionales a optar por puestos en estas regiones vecinas que cuentan con "convenios propios bastante más jugosos", ha apostillado el trabajador social Roberto Duro. En esta línea, los sindicatos han abundado en la "falta de cantera" en Aragón.

La "precarización" del sector se evidencia, a juicio de Duro, en las ratios, con un educador por cada 11 o 12 menores en centros de protección, lo que han calificado de "muy baja".

Además, desde los sindicatos insisten en valorar con la Administración la internacionalización del servicio, lo que mejoraría las condiciones laborales, redundaría en un servicio de calidad y posibilitaría su seguridad, ya que sigue habiendo centros con trabajadores solos en horario nocturno, ha manifestado el responsable de Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Alberto Echevarría.

Otras peticiones por parte de los sindicatos pasan por la elaboración de un calendario de reuniones con el Departamento de Bienestar Social y Familia, la definición de tipología de centros --protección y reforma--; dotaciones de personal; o avanzar en la equiparación hasta el 95% del personal público.

MENAS

Por otro lado, han puesto el foco en el término 'menas' --menor extranjero no acompañado--, que ha comenzado a percibirse como "un insulto", por lo que han instado a prescindir de él y "hablar de niños y adolescentes, que es lo que son, vengan de donde vengan", ha señalado Héctor García, a lo que Mazo ha apostillado que es un concepto dirigido a "proteger".

Ante la llegada de menores no acompañados a Aragón, han reconocido que la situación "ya era tensa" porque nunca se le ha dedicado al sector el presupuesto ni la importancia que requiere. "No es complicado integrar a los menores si hace poco vinieron más de 4.000 ucranianos y se integraron con total normalidad", ha observado Mazo.