Fundación Artemisan se persona en los tribunales para defender el plan de control del lobo en Asturias

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Artemisan se ha personado en el procedimiento judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para defender la aplicación del plan de control del lobo en el Principado de Asturias, junto a Unión Rural Asturiana (URA) la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Ganagri) y otras entidades en apoyo de las reivindicaciones del sector ganadero asturiano.

El plan de control fue recurrido por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n'Aición d'Asturies. Según ha informado la entidad en nota de prensa, con su personación, Fundación Artemisan se opone a la medida cautelar propuesta por las asociaciones ecologistas demandantes que solicitaban la suspensión de la aplicación del Plan de control hasta que se dictase sentencia, aportando un informe pericial que "respalda la necesidad y la justificación de las medidas de control".

Además, ha solicitado que, en el caso de que la Sala accediera a la suspensión solicitada, se obligase a las asociaciones ecologistas a prestar una fianza por importe de 1.910.000 euros, cantidad estimada por los daños a la ganadería, animales domésticos y especies cinegéticas que provocaría la paralización del plan.

LOS ARGUMENTOS DE LA FUNDACIÓN

Entre los argumentos trasladados por Fundación Artemisan, destaca que la población de lobo en Asturias presenta un estado de conservación "favorable", por lo que considera que "existe fundamento para aplicar medidas de gestión y control debidamente justificadas".

Asimismo, la entidad defiende que el cupo de ejemplares autorizado "está justificado" y que las actuaciones previstas responden a "una realidad que el sector ganadero viene denunciando desde hace años", como es el incremento de los daños provocados por el lobo sobre el ganado, los animales domésticos y determinadas especies de fauna silvestre.

Fundación Artemisan también pone el foco en las limitaciones de las medidas preventivas aplicadas hasta la fecha, que, según sostiene el sector ganadero, no están resultando suficientes para evitar los ataques y sus consecuencias. A ello se suma que las indemnizaciones por los daños sufridos no compensan adecuadamente las pérdidas económicas, los perjuicios acumulados y el desgaste que soportan los profesionales del campo.

Asimismo, la entidad defiende que las decisiones de gestión de fauna deben apoyarse en criterios científicos, informes técnicos y datos sobre la situación de las poblaciones, los daños registrados y las necesidades del territorio.