Asturias, Galicia y Castilla y León trabajan conjuntamente para acabar con la prórroga "ilegal e injusta" de los peajes

VEGA (SARIEGO)/OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

Los gobiernos de las comunidades autónomas de Asturias, Galicia y Castilla y León siguen trabajando conjuntamente con el objetivo de acabar con la prórroga "ilegal e injusta" de los peajes de la AP-9, en Galicia, y de la AP-66, que une Asturias con León. Así lo ha confirmado, a preguntas de los periodistas en Sariego, el presidente asturiano, Adrián Barbón.

Ha explicado que existe una "comunicación constante" al respecto entre las distintas comunidades autónomas. Ha dicho Barbón que es la Comisión Europea la que ha dictaminado que la prórroga de los peajes fue ilegal y ha recordado que fue decidida hace 25 años or un gobierno presidido por José María Aznar.

El político ha puesto énfasis en la importancia de construir "unidad interior" para exigir la eliminación del peaje, algo que incluye la unidad política, sindical, empresarial, cameral y social. "Vamos a tener una movilización conjunta el 17 de octubre en la plaza de La Escandalera en Oviedo", ha recordado, invitando a los ciudadanos a participar.

Ha destacado que se está logrando tanto la unidad interna como la externa, a pesar de tratarse de representantes de signos políticos diferentes, en referencia a los gobiernos vecinos, que son del PP. "Nos une el mismo objetivo: acabar con esta prórroga ilegal e injusta", ha declarado.

Barbón ha señalado las particularidades de estos peajes, diferenciando entre el peaje interior de Galicia y el peaje del Huerna, que comunica dos comunidades autónomas. "Son prácticamente mellizos", ha concluido, refiriéndose a su similitud al proceso vivido.

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicitaba a España que respetase las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

El dictamen motivado llegó al Gobierno español y la Comisión le dio dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, el ministerio de Transportes respondió planteando alegaciones, de forma que los peajes siguen vigentes. En Asturias existe una oposición frontal a que se siga cobrando el peaje, actualmente de 15,6 euros por paso y turismo en el Huerna.