GIJÓN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón acaba de condenar a siete años de prisión al ciudadano marroquí juzgado por intento de homicidio el pasado diciembre, al apuñalar a un hombre de nacionalidad rumana con el que compartía piso en Candás, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. El acusado había sido condenado por estos mismos hechos a seis años de cárcel, pero el anterior juicio fue declarado nulo.
El abogado de la defensa había pedido la libre absolución y, en caso de condena, que los hechos se calificaran como un delito de lesiones, al alegar que las heridas más graves se produjeron cuando la víctima se abalanzó sobre su cliente para arrebatarle el cuchillo. No obstante, el tribunal apreció en su sentencia que el acusado apuñaló a su víctima con la intención de matarla.
Asimismo, el fallo judicial coincide con lo solicitado por la Fiscalía, quien pidió además para el procesado la prohibición durante el tiempo de condena de acercarse a la víctima -huido de la Justicia y sobre el que pesa una acusación de lesiones por pegar al imputado durante la pelea que mantuvieron--, y el pago de 4.600 euros de indemnización. El ciudadano rumano estaba en situación irregular en España en el momento de los hechos.
Durante la declaración en la vista oral, el procesado indicó que ambos discutieron en la calle y que su compañero de piso le dio "una paliza brutal". Pos este motivo, subió a casa a recoger unos papeles para interponer una denuncia por agresión en la Guardia Civil. El acusado relató que al mirar por la ventana vio que su compañero de piso le estaba esperando abajo, por lo que cogió el cuchillo para defenderse.
Ya en la calle, el ciudadano rumano intentó arrebatarle el cuchillo, según el imputado, lo que le causó las lesiones. En este sentido, en la vista oral el informe forense desveló que las heridas que presentaba la víctima en la mano podrían coincidir con la declaración del acusado, en el sentido de que se las habría hecho al intentar coger el arma.
Esta versión no coincide con la del informe fiscal, al que tuvo acceso Europa Press. Según la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar el 26 de junio de 2005, cuando el imputado discutió con un compañero de piso, de nacionalidad rumana, cerca del domicilio en el que residían ambos en Candás. Durante la pelea, el acusado resultó con varias contusiones en la cara --que tardaron en curar 14 días--.
Como consecuencia de resultar lesionado, el imputado, "con ánimo de venganza", subió a su casa y cogió un cuchillo de cocina, para acto seguido volver a la calle y enfrentarse al otro hombre, "con ánimo de atentar contra su vida".
Aunque la víctima logró esquivar una primera cuchillada dirigida al vientre, el agresor continuó hasta que le alcanzó la cara y mano izquierda, lo que le provocó diversas heridas de consideración. Tras acometer supuestamente la agresión, el imputado se dio a la fuga y tiró el cuchillo en un contenedor.
Tras las puñaladas, la víctima quedó tumbada en el suelo "sangrando abundantemente". Asimismo, precisó de tratamiento médico y quirúrgico, además de quedarle como secuela una cicatriz de 15 centímetros desde la zona molar hasta la región retro-auricular izquierda. En su curación empleó 60 días, de los que la mitad estuvo incapacitado para desempeñas sus tareas habituales.
UNA CONDENA MAYOR EN LA REPETICIÓN DEL JUICIO.
Esta es la segunda vez que el acusado de origen marroquí es juzgado por este delito, después de que el Tribunal Supremo anulara el juicio anterior al no asistir uno de los magistrados que dictó la sentencia a la práctica de una prueba anticipada al estar de vacaciones. En aquella ocasión fue condenado a seis años, pese a que la petición fiscal era de siete, al apreciar los magistrados la atenuante de "obcecación".
La primera vista oral se celebró el 22 de julio de 2008. En aquella ocasión, se sentenció al imputado a cinco años de prisión, aunque la petición fiscal era de siete años. El abogado de la defensa recurrió el fallo judicial y pidió la nulidad del juicio basándose en la ausencia del magistrado y su sustitución por otro durante la práctica anticipada de una prueba que se hizo por videoconferencia.
A este respecto, el Tribunal Supremo dio la razón al letrado en septiembre de este año, por lo que la Audiencia Provincial está obligada a celebrar de nuevo el juicio, pero con un tribunal diferente al de la primera vista oral.
