La Autoridad Portuaria de Gijón defiende la "legalidad y transparencia" de sus procedimientos de contratación

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha defendido este miércoles la "legalidad, transparencia y rigor técnico" de sus procedimientos de contratación, ante las manifestaciones realizadas por Izquierda Unida en relación con el procedimiento de contratación del mantenimiento del sistema de vigilancia del Puerto de El Musel.

En una nota de prensa, la Autoridad Portuaria ha asegurado que "actúa siempre con pleno sometimiento" a la Ley de Contratos del Sector Público, a la normativa estatal y europea aplicable y a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.

Así, defienden que los contratos se adjudican conforme a las reglas previamente fijadas en los pliegos y a la valoración objetiva de las ofertas presentadas. El expediente al que se hace referencia se encuentra vinculado al mantenimiento de sistemas técnicos de vigilancia, seguridad perimetral y comunicaciones del Puerto de El Musel. "Se trata de infraestructuras críticas para garantizar la seguridad operativa, la protección de las instalaciones portuarias, la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a un puerto de interés general del Estado", han explicado.

La Autoridad Portuaria ha subrayado que todos los licitadores que participan en sus procedimientos "deben cumplir los requisitos legales exigidos para contratar con el sector público". "Si una empresa concurre válidamente a una licitación, no está incursa en prohibición de contratar y acredita la solvencia técnica, económica y profesional requerida, la Administración no puede excluirla arbitrariamente ni alterar el resultado de un procedimiento público por razones ajenas a los criterios establecidos en la licitación", han asegurado. No obstante, matizan, "el contrato no ha sido adjudicado y no se ha adoptado una decisión definitiva en el procedimiento".

En estos momento, el expediente se encuentra en la fase de analizar la información y documentación que debe presentar la licitadora, relativa a la existencia de prohibiciones de contratar o de circunstancias que pudieran comprometer la legalidad de la ejecución contractual; su estructura societaria y titularidad real; las entidades del grupo que pudieran participar, directa o indirectamente, en la ejecución del contrato, y el origen de los equipos, repuestos, software, firmware, licencias, actualizaciones y servicios de soporte previstos.

Asimismo, se analizará si la ejecución del contrato por parte de esta empresa comporta importaciones, transferencias, tránsito, asistencia técnica, tecnología, productos de doble uso o material que pudiera quedar comprendido en el ámbito del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, ni el empleo de productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. Finalmente, se analizará qué empresas participarán como subcontratistas, fabricantes y proveedores.

La Autoridad Portuaria "comparte la sensibilidad social y humanitaria existente en torno al conflicto en Gaza y la necesidad de que toda actuación pública se desarrolle con respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a las decisiones adoptadas por el Gobierno de España". Precisamente por ello, han asegurado, "no se adoptará ninguna decisión que no cuente con las garantías jurídicas necesarias".