El Ayuntamiento niega la vulneración de derechos en la Casa Malva tras entrevistarse con las inquilinas del centro

GIJÓN 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas de Servicios Sociales y de Igualdad, Esperanza Fernández Puerta y Begoña Fernández, desmintieron hoy, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, las acusaciones del PP contra el funcionamiento de la Casa Malva y negaron que se vulneren derechos de las usuarias en el centro, aunque sí existen normas.

Asimismo, indicaron que en las entrevistas que mantuvieron con las inquilinas de la Casa Malva, las mujeres tan sólo hicieron alguna apreciación puntual o sugerencia, que serán estudiadas para mejorar el centro.

Las dos ediles, que estuvieron acompañadas en la rueda de prensa de una trabajadora social y una técnico de Administración del Instituto Asturiano de la Mujer, Vanesa Fernández Pérez y Elena García Alfonso, respectivamente, defendieron la Casa Malva tras la celebración de una Comisión de trabajo, en la que participaron representantes tanto de sus concejalías como del Instituto Asturiano de la Mujer, el Consejo de Mujeres de Gijón y Cruz Roja de Asturias para analizar el asunto.

Previamente, representantes del Principado y del Ayuntamiento, instituciones que han abierto sendos expedientes para estudiar las quejas hechas públicas por una de las usuarias, se entrevistaron con las cinco actuales inquilinas del centro, además de recabar información de Cruz Roja, encargada de la Casa. El Ayuntamiento está a la espera de entrevistarse con otras dos mujeres, que ya abandonaron el centro, al que fueron trasladadas de la Casa de Acogida que existía en Gijón. Entre estas, está la mujer que hizo público el caso.

Fruto de las entrevistas, Fernández Puerta señaló que las mujeres que hicieron el tránsito desde la casa de acogida son las que han tenido más problemas para adaptarse por el cambio, aunque tan sólo les apuntaron alguna sugerencia o alguna apreciación puntual sobre alguna actitud concreta de alguna de las trabajadoras sociales. A pesar de todo, aseguró que las inquilinas "dicen que están bien y que no se van". La concejal pidió respeto para la privacidad de estas mujeres.

En este sentido, la edil de Igualdad confirmó que no hay registrada ninguna queja formal sobre la Casa, y aseguró que ninguna mujer se fue del centro por disconformidad con su funcionamiento, ni siquiera la que hizo pública su queja, que se dio de alta de forma voluntaria 15 días antes de acudir a los medios de comunicación. Sin embargo, matizó que hay "diferencias puntuales de carácter personal de forma minoritaria", como pueda ser algún horario.

"CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA"

"No hay desautorización del funcionamiento de la Casa Malva ni las mujeres manifiestan maltrato de las trabajadoras", apostilló. Fernández puntualizó que las entrevistas con las usuarias se hicieron con "confidencialidad absoluta" sin la presencia de trabajadoras del centro para que hablaran con total libertad.

Además, la concejala de Servicios Sociales leyó un comunicado aprobado en la Comisión de esta mañana "para dar respuesta a la intoxicación de datos que se van dando", dijo. En el comunicado se aclara que la Casa Malva no tiene un reglamento de funcionamiento propio sino que se rige, con carácter general, por las normas de funcionamiento que están establecidas en la Red de Casas de Acogida y que por lo tanto se aplica en todos los establecimientos, y particularmente en la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Oviedo y la Casa de Acogida de Avilés.

Asimismo, se asegura que el centro "es un lugar tranquilo, que se rige por normas razonables, que cuenta con un buen equipo humano y en el que existe un interés evidente en contribuir a superar situaciones que a menudo son trágicas". También deja patente que "no existe maltrato por parte de las profesionales" y que las normas "en ningún caso suponen un ataque a los derechos de las mujeres".

En cuanto al PP, que ayer anunció que llevaría el caso a la Procuradora General de Asturias y al defensor del Pueblo, en el escrito se rechaza el tratamiento que hace la oposición del asunto, "al tratar de convertir por todos los medios quejas personales, en un problema grave de funcionamiento de la Casa Malva".

"EL PP ROMPE EL CONSENSO"

"Con su actitud el PP gijonés rompe el consenso existente hasta ahora en materia de violencia de género y deteriora gravemente la imagen de las instituciones, de una ONG como Cruz Roja, y de un Centro, la Casa Malva, que proporciona ayudas muy importantes a las mujeres víctimas de la violencia de género", dijo la edil.

También la concejala desmintió algunas de las acusaciones hechas ayer por el PP, como que se les obligue a las inquilinas del centro a iniciar el trámite de separación matrimonial. A este respecto, la edil aclaró que si bien se les da firmar un compromiso para llevar a cabo esta separación, al igual que los trámites para solicitar ayudas sociales a las que tengan derecho o denunciar los hechos, "no se las puede obligar".

Por su lado, la concejala de Igualdad añadió que la firma de este documento de compromiso es "voluntaria" y existe en toda España. Fernández recordó que estas mujeres están haciendo uso de un recurso social que, entre sus fines, tiene el ayudarlas en sus rupturas con la pareja. "Ese recurso debe pedir que hagan lo que sólo pueden hacer ellas", dijo con alusión a los trámites de separación, las ayudas y las denuncias en Comisaría.

Otro de los desmentidos fue con relación a las normas de la Casa Malva. Fernández Puerta aseguró que el centro "permite el acceso de familiares, no prohíbe el ingreso de hijos mayores de 18 años y cuenta no solo con un equipo profesional de apoyo sino con servicios concertados con empresas de vigilancia, limpieza y mantenimiento del edificio, y para el desarrollo de actividades y talleres".

Lo que sí confirmó la edil de Igualdad es que hubo una amonestación a una mujer por incumplimiento de las normas. Fernández justificó que existan faltas y sanciones como en cualquier reglamento. Esta amonestación, aclaró, consistió en un escrito en el que se le comunicó a la mujer el incumplimiento de esa norma.

Fernández también puntualizó que la norma que prohibía a los hijos mayores de 18 años convivir con sus madres en el centro ya no está en vigor. Esa norma se creó por los "roces" ocurridos en algunas casas de acogida entre hijos mayores de las usuarias, u problema que no creen se dé en la Casa Malva, dada la gran autonomía y amplitud de espacios. No obstante, confirmó que sí se prohíbe la entrada de otras mujeres en los apartamentos, para preservar la intimidad de cada inquilina del centro. La edil recordó que existen espacios comunes para facilitar la convivencia.