Barbón afirma ante Foro que asumir "ahora" las competencias en cercanías se llevaría "por delante" la autonomía

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este miércoles en sesión plenaria y ante el portavoz de Foro, Adrián Pumares, que asumir "ahora" las competencias en cercanías ferroviarias, sin consignaciones claras ni ejecución de obras, se llevaría "por delante" la autonomía.

De este modo respondió al portavoz de Foro Asturias, quien se interesó por las actuaciones del Ejecutivo para garantizar la calidad del servicio del sistema ferroviario de cercanías. Pumares incidió en que a finales de 2018 entró en vigor ley de transporte y movilidad sostenible, "enfocada a tener competencias de gestión pero que no se ha aplicado", mientras la movilidad en Asturias está "cada día peor y no solo en el ámbito ferroviario".

Barbón recordó cómo en 2019 se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos para actualizar y ver plazos de ejecución del plan de cercanías, asegurando que el Principado ha hecho "muchas gestiones desde entonces", al punto que se ha pasado de unos 600 millones de euros de inversión iniciales a los 997 millones de euros actuales.

Respecto a la asunción de competencias, Pumares considera necesario un "debate sosegado y calmado", emplazando al presidente a abordarlo en la Junta General, instando al Principado a tener "capacidad de gestión" con el Ejecutivo central en lugar de priorizar "intereses partidistas", al tiempo que ha dicho que "sonroja el poco peso del Gobierno de Asturias en la mesa del Consejo de Ministros" cuando, además, está en riesgo el cierre de líneas donde haya menos demanda.

Adrián Barbón, por su parte, reiteró que siempre "antepone los intereses de Asturias" y reprochó al portavoz de Foro que su formación votase a favor de todos los presupuestos del PP pese a que la inversión en cercanías de Asturias era de cero euros.

Con todo, el presidente ha remarcado que la transferencia de competencias "sin plan de choque de actualización" supone "poner en riesgo la viabilidad de la comunidad". Por ello, sostiene que primero han de ejecutarse las obras previstas hasta 2025 y mientras se pueden ir negociando las transferencias.