Barbón defiende que la vivienda "es un derecho" y que su Ejecutivo actúa contra la especulación en Asturias

   OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en la Junta General su política de vivienda pública ante las críticas del grupo parlamentario Vox, que acusó al Gobierno regional de intervenir de manera ideológica en el mercado inmobiliario y de encarecer el acceso a la vivienda. Barbón ha subrayado que "la vivienda no es un negocio, sino un derecho", y ha rechazado la idea de que su Ejecutivo priorice la especulación o ceda suelo público a promotores privados para obtener beneficios económicos.

   "Nosotros somos un Gobierno de unidad progresista reformista que entiende que la vivienda es un derecho y, por tanto, debemos corregir las disfunciones del mercado", ha afirmado en su réplica a la pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López, sobre las soluciones del Gobierno asturiano para acceder a una vivienda.

   Así ha respondido a las críticas de Carolina López, que apuntaban al incremento de los precios de la vivienda y al impacto de la ley estatal de vivienda sobre los propietarios. Barbón ha recordado que "el problema de la vivienda no es exclusivo de Asturias ni de España; es un problema global" y ha señalado que algunas de las comunidades con mayores dificultades de acceso a la vivienda, como Madrid y Baleares, están gobernadas por administraciones de derecha, contradiciendo así la narrativa de Vox sobre la responsabilidad histórica de los gobiernos socialistas.

   En relación al programa 'Alquilámoste', diseñado para facilitar el acceso al alquiler, el presidente ha defendido su carácter voluntario y ha aclarado que no constituye una expropiación. Asimismo, ha insistido en que las medidas adoptadas, incluida la declaración de zonas tensionadas, buscan proteger tanto a inquilinos como a propietarios, y que se han implantado con diálogo y acuerdo con los ayuntamientos afectados.

   Barbón ha destacado que a lo largo de la legislatura se han agilizado ayudas al alquiler y se han impulsado casi 1.000 viviendas públicas, además de políticas fiscales que favorecen a jóvenes y familias, con deducciones por valor de 90 millones de euros. "Ponemos ejemplos concretos de políticas concretas que responden a nuestra convicción de que la vivienda es un derecho y no un negocio", ha asegurado.

   El presidente ha subrayado que su Gobierno actúa contra la especulación y los grandes tenedores de vivienda, que adquieren propiedades para elevar artificialmente los precios. Además, ha defendido la seguridad jurídica de los programas públicos de alquiler y ha reafirmado que todas las actuaciones se hacen con respeto a la legalidad y a los propietarios.

"ACCEDER A LA VIVIENDA, UN AUTÉNTICO LUJO"

   Para la portavoz parlamentaria de Vox en Asturias, Carolina López, el acceso a una vivienda digna en la comunidad se ha convertido en un "auténtico lujo" y ha acusado a la Administración "de vaciar los pueblos y perjudicar a los propietarios".

   López afirmó que en los últimos dos años los precios de la vivienda en Asturias han subido un 21%, "superando diez veces los salarios", y ha responsabilizado al Ejecutivo regional y a "décadas de políticas socialistas y comunistas" de esta situación. La portavoz recordó la reconversión minera, financiada con 25.000 millones de euros, que, según Vox, dejó "obras fantasmas y faraónicas", entre ellas la Casa del Urogallo, el Museo de los Quesos y 43 edificios e instalaciones abandonadas.

   La dirigente de Vox acusó al Gobierno asturiano de destinar "mil millones de euros a ideología" a través de políticas de género, memoria democrática, LGTBI, la promoción de la lengua asturiana, el Centro Niemeyer y sindicatos, dinero que, según López, "sale del esfuerzo de quienes trabajan y pagan impuestos" y ha criticado la ley de vivienda estatal por "proteger a los ocupas y castigar al propietario".

   En su intervención, López denunció programas como 'Alquilámoste', que "dejan al propietario indefenso y fijan la renta de manera obligatoria", y subrayó la necesidad de liberalizar el suelo, reducir los plazos de desarrollo y bajar impuestos para facilitar el acceso a la vivienda.

   Finalmente, defendió la propiedad privada y la libertad como motores de prosperidad y reclamó al Ejecutivo regional que deje de gastar "miles de millones en chiringuitos ideológicos" y se centre en ofrecer "soluciones reales de vivienda para jóvenes y propietarios".