Bienestar plantea "revisar" restricciones de visitas en residencias para acompañar en el final de la vida

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha planteado este martes una revisión de las medidas de restricción de visitas en las residencias de ancianos para acompañar a los enfermos en el final de la vida. Estas medidas, ha incidido "tienen que ser revisadas" para mejorar el bienestar de las personas en el final de la vida.

Durante su comparecencia en la videoconferencia del Grupo de Trabajo de la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus en Asturias, Álvarez ha asegurado que su departamento garantizará el establecimiento de un proceso de muerte digna, asegurando el cumplimiento de la Ley sobre Derechos y Garantías de la dignidad de las personas, "preservando un marco en el que se ofrezca un trato más humano dentro del proceso al que la familia se está enfrentando y potenciando un modelo de atención centrada en la persona".

A este respecto, ha indicado que, si bien los ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia no han podido recibir la visita de sus familiares, "los profesionales se convirtieron en el acompañamiento de quienes nos han abandonado estas semanas".

El departamento que dirige Álvarez ha tomado medidas esta temporada para facilitar la información oportuna a los familiares en cuanto a la situación personal de cada usuario, y se han comunicado "siempre" las variaciones importantes en el estado de salud.

En cuanto a la situación de las residencias, la consejera ha señalado que el centro de Grado, el primero medicalizado, ha estabilizado en 8 el número de afectados, mientras en Palacio del Villar once residentes permanecen ingresados y seis están pendientes de repetir las pruebas tras quince días de enfermedad. En la residencia de Pravia, ha agregado, ya se ha recibido a cuatro residentes dados de alta.

En la residencia de Lastres, ha abundado, se ha producido un positivo y, tras realizar las pruebas a todos los residentes, se ha comprobado que no hay ningún caso más. Están pendientes los resultados de los trabajadores, a quienes también se han realizado las pruebas.

Durante su intervención, Álvarez ha apelado al ejemplo de las generaciones pasadas, "a las que hoy miramos con admiración y con preocupación". "Hoy son un colectivo vulnerable, frágil en muchos casos, que espera que estemos a la altura de las circunstancias, que seamos capaces de ofrecerles respuestas que les permitan confiar en el futuro más inmediato sin miedo, sabiendo que estaremos ahí", ha remarcado.

ATENCIÓN A DOMICILIO

En cuanto al servicio de atención a domicilio, gestionado desde las entidades locales, la consejera ha explicado que su departamento trabaja en anticiparse al "desescalamiento" revisando los protocolos ante la posible evolución futura de la pandemia, a fin de "garantizar la seguridad de profesionales y usuarios".

Ha indicado en este sentido que se realizarán test de COVID-19 a los profesionales de los servicios de atención a domicilio y se centralizará una compra de equipos de protección individual para los trabajadores.

Para hacer un cálculo preciso de las necesidades de este colectivo, se ha remitido un cuestionario a los ayuntamientos. Una vez que se obtengan los resultados, se dotará de refuerzos de material a los profesionales "para garantizar a máximo tanto su seguridad como la de las personas a las que atienden".

LEY DE GARANTÍAS

Por último, la responsable de Derechos Sociales ha señalado que su departamento priorizará el avance en la aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales en colaboración con las entidades locales, de modo que puedan ir adaptando sus ordenanzas a la nueva legislación "y así conseguir una mayor integración entre el salario social y las ayudas de emergencia y demás prestaciones vitales".

La consejera, que participó en esta reunión junto a otros miembros de su equipo -el director general de Vivienda, Fermín Bravo; la directora gerente del ERA, Ana Suárez; la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Jimena Pascual, y la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez-, ha reiterado su compromiso de "no dejar a nadie atrás" y ha solicitado "altura de miras" para hacer frente a la pandemia.