Calvo insiste en la "ilegalidad" del peaje del Huerna y anima a los asturianos a manifestarse de forma cívica

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha instado al Gobierno de España a actuar sobre el Peaje del Huerna al considerar que la prórroga de la concesión aprobada en el año 2000 por el Ejecutivo del Partido Popular incurre en "una situación de ilegalidad conforme a la normativa europea".

Calvo ha recordado que la Comisión Europea ya ha manifestado esa posición y ha explicado que por ese motivo "el Gobierno de Asturias actúa con responsabilidad, porque es una obligación jurídica y no una cuestión de agenda política". "No se trata de cuánto cuesta rescatar", señala, "sino de restituir una situación que tiene naturaleza de ilegalidad".

El consejero ha subrayado que aunque el Estado no sea responsable de aquella prórroga, "sí puede bonificar el peaje al 100% de manera inmediata", lo que, según sostiene, "enviaría a los asturianos un mensaje claro de corresponsabilidad con la legalidad y con los intereses de Asturias".

En sus declaraciones, Calvo ha insistido en que el debate no es el rescate sino "la nulidad de la prórroga", una diferencia que considera "fundamental para entender el contexto en el que se pronuncia la Comisión Europea y la respuesta del Gobierno de España".

Asimismo, ha apelado a la soberanía de la ciudadanía asturiana y ha animado a los vecinos "a manifestarse de forma cívica y con toda la fuerza, porque las prioridades de Asturias las deciden los asturianos".

"El peaje del Huerna constituye una barrera que debemos superar, como ya hicimos con la apertura de la variante de Pajares", señala el consejero, que recalca que "no se trata de pagar por infraestructuras ilegales, sino de actuar conforme a la legalidad europea".

Calvo también ha diferenciado este asunto del debate nacional sobre el pago por uso de autovías: "Si se quiere abrir, que llegue. Nosotros también tenemos una posición al respecto y no creemos para nada, evidentemente, que el pago por uso sea la solución. Creemos que la solución a la financiación de los servicios públicos pasa por una fiscalidad justa".

"Esa es la posición que hemos tenido y que, por lo tanto, las regiones periféricas no debemos pagar lo mismo que las regiones que tienen unas infraestructuras con otra dimensión", añade.