Carcedo tilda de "insalvable" el dictamen de Cerredo y afea que los grupos partiesen de conclusiones "bajo el brazo"

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha anunciado este miércoles que su grupo no realizará aportaciones al dictamen provisional de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo al considerar que el documento incurre en un "error estructural y de base".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha calificado la propuesta de "insalvable" mediante alegaciones puntuales ya que, a su juicio, el texto parte de la búsqueda de responsabilidades administrativas y personales "que no caben" y plantea responsabilidades políticas que no se fundamentan en "argumentos sólidos".

La portavoz socialista ha señalado que "no existe fundamento" para solicitar las responsabilidades políticas en los términos actuales. "Lo que no vale es venir con responsabilidades ya debajo del brazo como han venido muchos grupos desde el principio, antes de iniciarse la propia comisión", ha criticado.

Preguntada por la posición de su socio de gobierno, Izquierda Unida (IU), que solicita el cese de los cargos de Industria de 2022-2025 que actualmente ostentan cargos públicos; y responsabilidades patrimoniales, Carcedo ha reconocido que mantienen "posiciones diferentes". No obstante, ha descartado que esta discrepancia afecte a la estabilidad del Ejecutivo asturiano, subrayando que ambos comparten el proyecto de "futuro y progreso" firmado en el acuerdo de investidura. Carcedo ha sido tajante al afirmar que desde el PSOE no comparten "ni el fondo de sus planteamientos ni las formas".

En cuanto a la reclamación de IU para que el Principado asuma la responsabilidad patrimonial para indemnizar a los afectados, Carcedo ha recordado que el Gobierno está trabajando para articular ayudas destinadas a las familias de las víctimas de accidentes laborales, que se basan en la siniestralidad laboral y con criterios de igualdad para todas las víctimas, y no diseñadas de manera específica para sectores o víctimas concretas.

Ha defendido la articulación de ayudas que garanticen "encaje legal y seguridad jurídica" y ha abogado por no "anticipar" reclamaciones que ya siguen su curso administrativo en el Gobierno y por centrarse en soluciones que "se puedan materializar".