La CSI denuncia ante el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno el paso de mercancías peligrosas por La Calzada

GIJÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sindical Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) de Gijón ha denunciado, formalmente, ante el Ayuntamiento de Gijón y la Delegación de Gobierno en Asturias, el paso de camiones de mercancía peligrosa por la avenida de Príncipe de Asturias, en el acceso al puerto gijonés de El Musel.

En la denuncia, remitida por el sindicato, solicitan que se investiguen los hechos expuestos, a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de circulación urbana y seguridad vial, y en particular del artículo 5.2 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, en relación con el tránsito de vehículos que transportan mercancías peligrosas por zonas urbanas del barrio de La Calzada.

También se pide que, en el ámbito de las competencias municipales, se adopten de forma inmediata medidas eficaces y proporcionadas, consistentes en la implantación de medidas de ordenación, gestión, control y señalización del tráfico urbano, dirigidas a impedir o restringir el tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el casco urbano, incluyendo, en su caso, prohibiciones permanentes de paso por determinadas vías, como la avenida del Príncipe de Asturias.

La CSI también quiere, como denunciante, que le sean notificadas las actuaciones y la resolución que, por su relevancia, resulten legalmente procedentes.

Respecto a la Delegación del Gobierno, se pide que, en el ámbito de las competencias propias de la Administración General del Estado, se adopten de forma inmediata medidas "eficaces, proporcionadas y adecuadas al riesgo existente".

Entre estas están la imposición de la utilización obligatoria de itinerarios alternativos exteriores, de menor exposición y riesgo para la población, y en particular el itinerario industrial Aboño-Veriña; la adopción y coordinación de medidas de control, vigilancia y señalización del tráfico; y que se inste y promueva la ejecución de los accesos planificados y vinculados a la instalación regasificadora y al Musel.

En el texto, el sindicato plantea que se trate como infracción administrativa grave, y eventualmente de responsabilidad patrimonial e incluso penal en caso de siniestro, la circulación habitual y reiterada de mercancías peligrosas por núcleo urbano.

Se expone en la denuncia que en el barrio de La Calzada (Gijón) circulan de manera "habitual, reiterada y continuada" vehículos dedicados al transporte de mercancías peligrosas, que transportan gas licuado (GLP/GNL) procedente del puerto del Musel que se almacena en los depósitos de la regasificadora así como otros tráficos análogos.

"Se trata de sustancias altamente inflamables, explosivas y de elevado potencial lesivo, cuya circulación está sometida a un régimen jurídico estricto precisamente por el riesgo que generan", se indica en el documento, en el que se cifra en unos 15.000 camiones cisterna diarios los que pasan por este barrio.

Un volumen que, advierten, es susceptible de aumentar "sin límite predeterminado" con función a la operativa portuaria y de la actividad de la instalación regasificadora.

Para el sindicato, esta circunstancia implica una exposición "prolongada, acumulativa y estructural de la población a un riesgo grave, no puntual ni excepcional", que creen que agrava notablemente la situación desde el punto de vista de la seguridad vial, la protección civil y la prevención de riesgos tecnológicos.

En la denuncia se pone el foco, también, en la "inexistencia" de medidas correctoras o de encauzamiento obligatorio. En este punto, la CSI apunta que no les consta que, por parte del Ayuntamiento, se hayan adoptado ninguna, como puedan ser desvíos obligatorios, prohibiciones de paso, señalización específica o controles sistemáticos.

"Esta inacción administrativa, en un contexto de riesgo grave, objetivo, conocido y evitable, no puede calificarse como una mera omisión formal, sino que constituye una falta de ejercicio efectivo de las potestades de control, prevención y protección que el ordenamiento jurídico impone de forma imperativa a las Administraciones Públicas", se afirma en la denuncia.

El sindicato considera que esto es causa directa de una planificación "deficiente" de las infraestructuras de acceso, al haberse autorizado la implantación y operación de una instalación industrial de alto riesgo (regasificadora) sin garantizar previamente, según la CSI, accesos seguros, exteriores y compatibles con la normativa de transporte de mercancías peligrosas.

Se recuerda, además, que corresponde al Ayuntamiento de Gijón, en el ámbito de sus competencias propias, la protección directa de la población, la ordenación y gestión del tráfico urbano, la imposición de restricciones o prohibiciones de paso, la implantación de señalización específica, así como la adopción de medidas de encauzamiento del tráfico en las vías de titularidad municipal, todo ello en el marco de la normativa de seguridad vial y de protección civil.

En el caso de la Delegación del Gobierno, se indica que ejerce las competencias de la Administración General del Estado, la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular de la Guardia Civil de Tráfico, la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa estatal sobre transporte de mercancías peligrosas, incluida la establecida en el Real Decreto 97/2014, así como la coordinación interadministrativa necesaria para garantizar la seguridad colectiva y la prevención de riesgos graves.

La organización sindical ha indicado que esta denuncia se dirige, por tanto, "de forma concurrente y complementaria" a ambas Administraciones, atendiendo a la naturaleza de las competencias implicadas y a la necesidad de su ejercicio efectivo y coordinado.

"La ausencia de dicha actuación coordinada, en un contexto de riesgo grave, real, conocido y objetivamente evitable, podría configurar una situación de inactividad administrativa jurídicamente relevante, con potencial incidencia en la exigencia de responsabilidades, especialmente cuando, como en el presente caso, se ven comprometidas de manera directa la seguridad y la integridad de la población", se añade.

El sindicato también incide en su denuncia en que la jurisprudencia viene reiterando que, en materia de riesgos graves, la Administración no responde solo por acción, sino también por omisión.

A mayores, apuntan que la ausencia de actuación "podría generar responsabilidad patrimonial en caso de siniestro, e incluso derivaciones penales si se acreditara una conducta gravemente negligente".

A este respecto, se llama la atención sobre que esta situación incrementa de forma objetiva la probabilidad de un accidente de consecuencias catastróficas y supone una exposición "directa e innecesaria" de miles de vecinos a un riesgo evitable por cuanto la zona afectada es una de las más densamente pobladas de la ciudad de Gijón.