El Defensor del Pueblo Andaluz, el Ararteko y la Procuradora firman un convenio para aunar esfuerzos

María Antonia Fernández Felgueroso
EP
Actualizado: lunes, 13 diciembre 2010 15:06

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Íñigo Lamarca Iturbe, y la Procuradora General del Principado de Asturias, Maria Antonia Fernández Felgueroso, han firmado este lunes día 13 de diciembre en Oviedo un convenio e colaboración para el desarrollo de acciones comunes tendentes a una mayor relación con la sociedad.

Los tres defensores han señalado que se trata de potenciar sus cauces de colaboración y que están "abiertos" a la participación de sus homólogos de otras comunidades. En cualquier caso, estas tres defensorías han decidido impulsar este convenio, que supone una "colaboración reforzada".

Según el texto del convenio, consultado por Europa Press, los tres defensores del pueblo se comprometen a compartir métodos de trabajo "colaborativos", herramientas tecnológicas y experiencias participativas en el ámbito de las respectivas relaciones con la sociedad.

El desarrollo de esa colaboración interinstitucional tiene como fines la mejora de la eficacia y eficiencia de las instituciones en la prestación de sus servicios a través de la incorporación de metodologías de trabajo de colaboración y participación, así como de la implantación y desarrollo de las TIC a fin de adquirir nuevas capacidades "que les permitan ganar presencia y proximidad en la sociedad y posibilitar la mayor accesibilidad posible de la ciudadanía a las mismas mediante la utilización de esos instrumentos".

Para el cumplimiento de estos fines, las tres Defensorías actuarán de acuerdo con los principios de "coordinación, cooperación, participación, eficacia, información recíproca, asistencia mutua y lealtad institucional". En concreto se comprometen a intercambiar los conocimientos, compartir las experiencias, prestarse asistencia recíproca y desarrollar las iniciativas que resulten necesarias tendentes a facilitar la aproximación de la ciudadanía a las Defensorías mediante la realización de experiencias compartidas en proyectos conjuntos de impulso en materia de derechos de la ciudadanía, foros con organizaciones sociales, proyectos de colaboración en el ámbito de infancia y adolescencia, así como facilitar el contacto directo de la ciudadanía con las Defensorías a través de medios audiovisuales.

Se cederán recíprocamente los materiales, soportes, metodologías y desarrollos informáticos que sean de su titularidad, en el marco de los protocolos y las condiciones que se puedan acordar a estos efectos, facilitarán toda la información complementaria necesaria y prestarán el asesoramiento técnico preciso al personal de cada Defensoría. Los costes de financiación por la realización de actuaciones conjuntas se compartirán por las tres Defensorías, financiándose individualmente los respectivos aspectos de adaptación o mejoras que cada una decida incorporar.

Para el seguimiento del desarrollo del convenio de colaboración y resolución de las dudas que pudieran surgir en su interpretación se constituirá la correspondiente comisión de seguimiento, que estará integrada por dos representantes de cada defensoría, designados por sus correspondientes titulares.

INFANCIA

Uno de los ámbitos en los que tienen previsto potenciar la colaboración es en el de la infancia. Así, este mismo lunes se ha constituido en Oviedo el Consejo de Participación de Menores de Asturias, un órgano que ya existe en Andalucía o Euskadi.

Según ha explicado María Antonia Fernández Felgueroso, el Consejo está constituido por ocho menores de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, que proceden de diferentes puntos de la región. Su función será la de asesorar a la Procuradoría proponiendo asuntos de interés, susceptibles de realizar informes, o trasladando directamente las quejas de los más jóvenes.

Tanto José Chamizo como Íñigo Lamarca Iturbe han defendido de utilidad de este tipo de consejos de cara a priorizar las necesidades de los niños y adolescentes, y orientar así las políticas oportunas.