Exdirector de Minas dice que el accidente de Cerredo se debió a un "desprecio absoluto a la seguridad" de Blue Solving

   OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El exdirector general de Industria y Minería del Gobierno asturiano Mauro Rodríguez ha asegurado este jueves que el accidente de la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco mineros y resultaron heridos otros cuatro el 31 de marzo de 2025, fue consecuencia de "un desprecio absoluto a la seguridad" por parte de la empresa propietaria de la explotación en ese momento, Blue Solving.

   Rodríguez ha comparecido en la comisión de investigación sobre el accidente que se celebra en la Junta General del Principado de Asturias, donde ha explicado que en la comisión de seguridad minera convocada tras el accidente se analizaron las circunstancias de la empresa. En dicha reunión, ha dicho, "se comentó que era la misma empresa que tuvo el accidente de 2022", en el que falleció un minero y otro resultó herido.

   Rodríguez, funcionario autonómico, ocupó el cargo de director general entre febrero y mayo de 2025, designado por la exconsejera Belarmina Díaz. Fue cesado en mayo del pasado año en el contexto de la reconfiguración de la Consejería de Industria y actualmente desempeña la labor de jefe de servicio de gestión, planificación y promoción ambiental. Su paso por la Dirección General de Minería coincidió en el tiempo con el accidente de Cerredo, siendo él el encargado de recopilar toda la documentación referida al suceso y la elaboración de informes posterior.

   Ha relatado que una vez recopilada toda la información acerca de la actividad en Cerredo, en abril de 2025 quedó patente que Blue Solving no estaba desarrollando las labores para las que tenía autorización, sino que "supuestamente se estaba retirando material". Ha recordado Rodríguez que la autorización de la que disponía Blue Solving "le impedía extraer mineral" en la fecha del accidente en el piso tercero, ya que "lo único que tenía era una autorización administrativa para las labores de limpieza". "Se le permitían pruebas pero no la extracción de carbón, no tenían ninguna autorización para extraer carbón", ha insistido.

DEFIENDE LA LABOR DE LOS FUNCIONARIOS

   Todas estas evidencias, ha remarcado, se conocieron después del accidente de 2025, por lo que ha defendido que los funcionarios que tramitaron los expedientes de transmisión de derechos de explotación mineros hicieron su trabajo de la mejor forma posible en base a la información que tenían.

   Antes del accidente, ha explicado, "es posible" que los funcionarios no vieran que las empresas Carbones de La Vega, Combayl y Blue Solving pertenecían a un único entramado familiar, a pesar de que en los expedientes de la transmisión de derechos había un párrafo que decía que las tres sociedades forman parte del mismo grupo empresarial. "Puedo entender que se le hubiera podido pasar a un técnico", ha dicho, ya que la parte de la documentación en la que figuraba, los antecedentes del proyecto, "muy pocas veces" se lee.

   Ante la pregunta de los diputados sobre si no debería haber habido más control sobre el expediente teniendo en cuenta que en 2022 hubo un accidente mortal y se demostró que se extraía carbón de manera ilegal, el exdirector general de Minería ha salido en defensa de los funcionarios, asegurando que el hecho de que una empresa delinca "no invalida el trámite a otra" y ha explicado que la función administrativa "se ajusta a la norma", planteando el debate de si la Junta General debería cambiar las leyes para incorporar sanciones "más exigentes".

   Considera Rodríguez que "juzgar los hechos pasados con los conocimientos de ahora es ventajista" y ha defendido que, si se hubiese sabido toda esta información antes del accidente, los expedientes se habrían tramitado "de otra forma". En este punto, la comisión abordó la existencia del correo electrónico que se envió a una dirección del servicio de Minas en el que se alertaba de una presunta extracción ilegal de carbón en Cerredo.

   El exdirector general ha explicado que tuvo conocimiento de ese correo el 1 de abril de 2025, después del accidente, porque se lo dijo la por entonces consejera, Belarmina Díaz. En ese momento, Rodríguez hizo las gestiones necesarias para conseguir el acceso a dicho documento, acceso que consiguió al día siguiente. El correo se encontraba en una cuenta genérica del servicio de minas al que "nadie tenía acceso" ya que se creó en la época de la pandemia y quedó en desuso. Esa dirección tenía 40 correos electrónicos sin leer, entre los que figuraba uno de 2023 alertando de la actividad ilegal en Cerredo y otro con similar contenido, enviado el 1 de abril de 2025.

   Tras examinar el contenido del email, que incluía fotos y videos con indicios de la extracción así como información sobre la actividad que había en Cerredo, el alto cargo de la Administración remitió dicho correo a la Guardia Civil.

SUSPENSIÓN DE TYC NARCEA

   Durante la comisión el funcionario asturiano ha explicado que fue él quien tomó la decisión de suspender la actividad en TYC Narcea tras el accidente de Cerredo, y ha señalado que lo ordenó porque no había evidencia de que la empresa estuviese cumpliendo con el uso que debía dar al carbón que extraía.

   La denuncia a TYC Narcea se empezó a tramitar diez días antes del accidente, y en el momento que ocurrió el siniestro, el expediente estaba en trámite de requerimiento de documentación que acreditase que la actividad que realizaba se adecuaba a su autorización administrativa. La compañía tenía permiso para extraer carbón para hacer pruebas industriales y tenía "prohibido expresamente" venderlo. "No presentaron ninguna acreditación sobre el destino del carbón", así que se tomó la decisión de suspender su actividad hasta que esclarecieran el hecho. TYC Narcea retomó su actividad en junio, cuando Mauro Rodríguez ya había sido cesado de la Dirección General de Minas.