Fernández (SOMA) señala la dificultad para controlar las pequeñas explotaciones mineras ante la fragmentación del sector

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión de Seguridad Minera de Asturias José Catalino Fernández (SOMA-FITAG-UGT) ha comparecido este jueves en la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo en la Junta General, destacando la creciente atomización del sector minero, caracterizado por la proliferación de pequeñas empresas que han sustituido a las grandes compañías tradicionales, lo que, según ha afirmado, genera importantes desafíos en materia de seguridad, control y representación sindical.

Fernández ha respondido a las preguntas de los diferentes diputados que integran la comisión. Ha reconocido que el sector minero atraviesa un proceso de fuerte atomización, con una proliferación de pequeñas empresas que sustituyen a las grandes compañías que tradicionalmente dominaban la actividad. "Pasamos de un escenario donde la empresa pública y las privadas tenían capacidad para afrontar los trabajos con mayor control y seguridad, a un sector residual, atomizado y compuesto por muchas empresas pequeñas", ha dicho.

Esta dispersión, ha añadido, dificulta la existencia de representación sindical en muchas explotaciones, lo que reduce la participación activa de los trabajadores en la vigilancia de las condiciones laborales y de seguridad.

"En aquellas empresas donde hay representación sindical, sí hay una participación activa de los trabajadores, se prima la seguridad", ha subrayado, insistiendo en que en muchas pequeñas explotaciones no existe esta representación, lo que aumenta el riesgo y complica la labor de inspección.

Fernández también ha señalado que esta atomización exige un esfuerzo mayor por parte de la Administración para realizar un seguimiento riguroso de cada explotación.

Respecto al accidente ocurrido en 2022 y la transmisión de derechos mineros de la empresa Combayl a Blue Solving, y que únicamente se realizó una inspección; considera que "se podrían haber hecho más" y ha asegurado que "un mayor número de inspecciones obliga a la empresa a mejorar la situación en cuanto a la seguridad", aunque ha advertido que ciertos incumplimientos pueden pasar desapercibidos si la empresa no facilita el acceso a determinadas zonas.

"Si se aumenta la presencia, por supuesto que obliga a la empresa a mejorar la situación en cuanto a la seguridad, pero también, como se dijo aquí, si la empresa quiere esconder ciertas cosas, las puede esconder. Una mina es un centro de trabajo muy diferente a cualquier otro", ha señalado para a continuación hacer referencia a las visitas de los inspectores.

En casos como el ocurrido en la mina de Cerredo, ha apuntado, "si se estaban realizando trabajos donde no debían hacerse, es probable que el inspector no visitara esos lugares porque no tenía constancia de que se estuviera trabajando allí". No obstante, ha aclarado que "esto no impide que el inspector pueda acceder a cualquier zona de la explotación".

Sobre la posibilidad de inspección en áreas no habilitadas, Fernández ha explicado que el inspector debe asegurarse de que dichas zonas estén en condiciones para su visita, remarcando que es potestad del inspector exigir a la empresa que habilite los accesos necesarios para garantizar una inspección completa.

En cuanto al conocimiento que tenían los distintos niveles administrativos respecto a la vinculación societaria entre las empresas implicadas y las irregularidades detectadas, Fernández ha señalado desconocer el alcance de la información compartida con los altos cargos políticos. "Lo ideal es compartir información, pero desconozco hasta dónde podría llegar", ha afirmado.