GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal especial Antidroga de Asturias, José Perals, solicita un total de 248 años y un mes de prisión para un total de 38 personas acusadas de tráfico de drogas y detenidas dentro de la llamada 'Operación Berrea'. Asimismo, les pide el pago de multas por un valor global de 324.900 euros, así como el cierre de tres negocios hosteleros y la prohibición de ejercer en la hostelería para sus propietarios por un periodo de cinco años. Una de las acusadas también está imputada por Prostitución y otro por amenazas.
Según el informe fiscal recogido por Europa Press, los procesados, la mayor parte vecinos de Gijón, se dedicaban al tráfico de estupefacientes, al menos desde marzo de 2006, algunos desde sus propios domicilios y otros durante el horario abierto al públicos de sus establecimientos hosteleros. El juicio se va a desarrollar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, aunque aún está por fijar la fecha.
La Fiscalía pide además el sobreseimiento libre de uno de los detenidos dentro de la Operación Berrea, J.J.G.M., al estar ya fallecido, mientras que pide la nulidad de la apertura del juicio oral para P.S.M y que en su lugar se dicte orden europea de detención, ya que se cree que pueda estar en Rumanía. También se pide orden de búsqueda y detención para otros dos detenidos: J.A.A.G. Y J.L.F.G.
El principal proveedor, F.P.R, que era ayudado por su compañera sentimental, V.R.P y por otra joven, I.C.B.L., se encargada de distribuir droga a algunos de los imputados, que a su vez vendían a terceras personas.
Uno de los principales clientes de F.P,R., era el propietario de un bar en Cimadevilla, que era ayudado a su vez en la venta de droga por dos empleados y una tercera persona, que colaboraba en la elaboración de las dosis de droga que vendían posteriormente.
Fue tras una vigilancia policial a este local cuando, el 4 de marzo de 2006, los agentes procedieron a la detención de uno de los imputados, camarero en el citado bar y al que habían observado cómo vendía droga. Al acusado se le incautó, tanto personalmente como durante el registro del local, cocaína, dinero y efectos relacionados con la venta de droga, que en el mercado tendría un valor de 445,39 euros.
Pese a su detención, en el establecimiento se continuó vendiendo droga, según la Fiscalía. Asimismo, el propietario del bar vendía droga a otros de los imputados para su reventa posterior a terceros.
Por otro lado, a F.P.R. Le proveía de droga el imputado C.J.R.M, el cual disponía de un piso en Gijón desde el que realizaba la mayor parte de sus operaciones de tráfico de estupefacientes, en concreto cocaína. Con este último imputado colaboraba su esposa y otras personas, también acusadas en este caso. La droga vendida era destinada de nuevo al tráfico de estupefacientes.
Una de las personas que compraba la droga para revenderla era J.M.S.P., el cual tenía un piso en Gijón en el que varias mujeres ejercían la prostitución, y a las que les cobraba 20 euros por el uso de la cama, los preservativos y la ropa de cama, así como un 40 por ciento del dinero recbido por cada acto sexual. El piso funcionaba 24 horas y en el podían trabajar ocho mujeres. Además, se anunciaba con el reclamo 'Gatitas, alto standing'.
Asimismo, el citado imputado C.J.R.M. adquiría la droga principalmente de dos proveedores, D.M.S. y J.B.CH.. Según el relato fiscal, en una ocasión el primero le aprovisionó de dos kilos de cocaína, pagando por uno de ellos 35.000 euros y el otro 'fiado, es decir, dando con posterioridad el precio de la droga, que provenía o bien de Valencia o bien de Asturias.
Las detenciones dieron comienzo a partir de diciembre de 2009, cuando fue interceptado C.J.R.M, junto a otros dos personas, cuando había ido a aprovisionarse de droga en Galicia. En esta ocasión, se intervinieron dos kilos de cocaína valorados en más de 72.000 euros. En la misma operación se detuvo cerca de Vegadeo a otra persona, que acompañaba a los tres detenidos pero en otro vehículo.
En los días subsiguientes se fueron escalonando las detenciones, siendo llamativa la huida de uno de los imputados por los tejados, que finalmente fue retenido en un trastero, al que había accedido tras romper una claraboya, por el propietario del local, que era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y al que el procesado amenazó con una navaja. Fruto de los registros domiciliarios y en establecimientos hosteleros, se incautó, entre otras cosas, una importante cantidad de droga, armas y dinero procedente del tráfico de estupefacientes.
