Gloria García (PP) y familias de niños con autismo acusan al Gobierno asturiano de "abandonar la inclusión educativa"

   OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La diputada del PP de Asturias y portavoz de Educación, Gloria García, ha denunciado este martes que el Principado está "incumpliendo gravemente" los principios de la inclusión educativa, al no garantizar los recursos necesarios para atender al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Acompañada por representantes de la Asociación por los Derechos de las Personas con Autismo de Asturias (ADPA), ha señalado que la inclusión educativa en la comunidad "está lejos de ser una realidad efectiva" y ha exigido más aulas abiertas, más personal especializado y una gestión "transparente y ajustada a la ley".

   García ha advertido de que, pese a que en Asturias hay más de 2.800 menores con autismo, apenas 150 alumnos están atendidos en aulas abiertas, un recurso que actualmente solo existe en Primaria. "Hay centros con espacios y dictámenes favorables que siguen sin recibir la autorización para abrir aulas abiertas", ha criticado.

   Además, ha cuestionado que la incorporación de los nuevos especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) --tras la firma del acuerdo entre los sindicatos educativos y el Gobierno asturiano-- se retrase hasta abril y no sea en septiembre, lo que en su opinión supone "perder un curso completo".

   Tras su intervención, tomó la palabra Lidia Prieto, representante de ADPA, quien detalló las dificultades a las que se enfrentan las familias con hijos autistas en el sistema educativo asturiano. "No podemos seguir permitiendo que la Consejería adapte los diagnósticos a los recursos disponibles. Es el sistema educativo el que debe ajustarse a las necesidades del alumnado, y no al revés", señaló.

PRESIÓN PARA FIRMAR SIN TIEMPO Y FALTA DE APOYOS

   Prieto insistió en que muchos dictámenes no reflejan la verdadera necesidad del alumno, sino lo que el centro puede ofrecer, y denunció que si en un colegio no existe aula abierta, esta posibilidad ni siquiera se incluye en el informe, aunque el niño la necesite.

   Las familias denuncian además la falta de personal estable, retrasos en las sustituciones y "presiones" para firmar informes psicopedagógicos sin tiempo suficiente para revisarlos. Aseguran que muchos de los dictámenes no reflejan la necesidad real de los alumnos por falta de aulas abiertas en sus centros.

   ADPA exige que los informes psicopedagógicos detallen claramente el número de horas de apoyo necesarias, y que no se utilicen expresiones vagas que permiten recortar recursos. También piden más transparencia en los criterios que se utilizan para asignar personal especializado, más inversión en educación inclusiva, y la creación de aulas abiertas también en Secundaria, como ocurre en otras comunidades.

   En cuanto a la falta de sustituciones rápidas cuando hay bajas entre los profesionales de apoyo, han indicado que dejan durante días o semanas a los alumnos sin atención, con un fuerte impacto en su desarrollo.

   Otra de las quejas expresadas fue la falta de tiempo para revisar los informes psicopedagógicos, que según relatan muchas familias, deben firmarse de inmediato, sin posibilidad de leerlos con calma ni consultar con especialistas. "Ninguna familia debería verse obligada a firmar documentos que condicionan todo el itinerario educativo de su hijo sin al menos 24 horas para estudiarlos", subrayó Prieto.

   Las familias también reclaman medidas de adaptación sensorial en los centros --como la eliminación de timbres, la creación de zonas de calma o entornos más tranquilos--, una formación específica en autismo para todo el profesorado, y una gestión pública del sistema que no esté condicionada por la voluntad de los equipos directivos. "Lo que no puede ser es que un director decida si un niño tiene o no derecho a un recurso fundamental para su inclusión", criticó.

   Prieto ha advertido que hay numerosos casos sin respuesta en Asturias, algunos ya judicializados, y que la situación se repite cada curso, obligando a las familias a acudir a los tribunales o a movilizarse para defender derechos básicos. "La inclusión educativa no es un favor, es un derecho. Y si la administración no lo garantiza, vamos a seguir luchando con todos los medios a nuestro alcance", concluyó.

   Desde el PP, García ha avanzado que seguirán exigiendo en sede parlamentaria respuestas sobre los criterios de distribución de recursos y la denegación sistemática de aulas solicitadas por los propios centros. "Ni las familias ni nosotros vamos a callar ante esta situación de abandono institucional", ha afirmado.

   Finalmente, García ironizó sobre la forma en que, a su juicio, el Ejecutivo asturiano usa políticamente la inclusión educativa: "¿Por qué se inaugura una escuela infantil para un niño o dos y no se autoriza una aula abierta que beneficiaría a cinco alumnos TEA? ¿Será porque en un caso se pueden hacer la foto y en el otro no? Parece que con estos niños no hay oportunidad para el postureo institucional", recalcó.