El Gobierno asturiano rechaza los "señalamientos personales" del borrador de Tomé sobre Cerredo

   OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Pelaéz ha querido salir al paso este martes del borrador del dictamen que ha elaborado la presidenta de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente de la mina de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores, Covadonga Tomé.

   El documento señala siete responsables políticos sobre lo ocurrido, incluidos los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente.

   Sin embargo, Peláez ha rechazado que exista justificación para esos "señalamientos personales". En unas declaraciones realizadas en la sede de Presidencia del Principado, Peláez, ha dicho que el borrador no establece una relación de causa-efecto entre los procedimientos administrativos y la explosión de grisú que costó la vida a esos trabajadores.

   "La responsabilidad directa, como digo, es de la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad ilegal, no amparada por la Administración del Principado de Asturias", ha insistido Peláez, que ha precisado que hablaba en nombre de la "parte mayoritaria" del Gobierno del Principado, la socialista. En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU.

   Peláez ha dicho que el responsable directo del accidente es la empresa porque estaba llevando a cabo un actividad extractiva de carbón "ilegal" y "clandestina", con unas condiciones de trabajo "deplorables".

   Así las cosas, no ve razonable que se responsabilice a los exconsejeros asturianos y a los funcionarios incluidos en el borrador de dictamen. "No entendemos que se produzcan esos señalamientos personales ni técnicos en los términos en los que se expresa ese borrador", ha afirmado.

   Peláez ha sido preguntado por los periodistas acerca de una de las recomendaciones del borrador, la relativa a adelantar indemnizaciones a víctimas y familiares.

   "Para el reconocimiento de indemnizaciones tiene que haber un procedimiento administrativo donde se reconozca esa causalidad directa e inmediata entre la actividad administrativa y el supuesto lesivo y, por tanto, eso requiere de un procedimiento administrativo", ha puntualizado.