La izquierda bloquea la Ley de Mercado Abierto del PP tras tacharla de "consigna" y "copia" de Madrid

   OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la Proposición de Ley de Mercado Abierto, una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular que no ha logrado salir adelante al contar con el voto en contra de los grupos de la izquierda (PSOE, Convocatoria por Asturies y la diputada Covadonga Tomé), sumando el respaldo de Vox y Foro Asturias.

   Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP Andrés Ruiz ha destacado que la Ley de Mercado Abierto parte de "una reflexión profunda" de diversas autonomías para crear un mercado común consagrado en la Constitución. Según Ruiz, el modelo autonómico actual genera marcos regulatorios que "distorsionan la libertad y la unidad del mercado en España". El parlamentario 'popular' ha detallado que desde 1979 se han producido más de 411.000 normas en el país, lo que genera una fragmentación de facto cuyo coste económico se sitúa, según el Instituto de Estudios Económicos, "entre el 1,5 y el 2,5 del Producto Interior Bruto (PIB) del país".

   Ruiz ha puesto en valor que la Comunidad de Madrid fue pionera en este tipo de legislación simplificada, la cual se estructura en dos capítulos basados en principios como la no discriminación, la necesidad, la eficiencia regulatoria y la no duplicidad de cargas administrativas. Asimismo, ha precisado que la ley "no quitará las competencias que legítimamente tienen ayuntamientos y tiene Principado", ni sorteará mecanismos urbanísticos o sanitarios. Según sus estimaciones, esta normativa podría suponer una mejora económica cuantificada en 250 millones de euros para el PIB asturiano al evitar la fragmentación y apuntalar la libertad económica frente al "intervencionismo".

   Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha argumentado su voto en contra al definir la normativa como un mecanismo para "reconocer de forma automática lo aprobado fuera y poner lo nuestro en revisión permanente". Tomé ha criticado que la proposición no es una idea asturiana, sino "un calco de la ley de mercado abierto que Madrid aprobó en 2022" y que el PP ha trasladado como "una plantilla tipo" a otras regiones.

   La diputada del Grupo Mixto ha alertado de que estas leyes autonómicas buscan generar un "dumping legislativo" y una "carrera a la baja" por la puerta de atrás. "Las decisiones sobre Asturias se toman en Asturias y los derechos de Asturias se defienden sin titubeos", ha manifestado Tomé, quien ha advertido de que la reducción de burocracia que plantea la ley se traduce en una merma de protección que permitiría operar en la región a empresas de gestión de residuos o viviendas de uso turístico habilitadas bajo reglas más laxas que las asturianas.

   Para el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, la iniciativa plantea "algo razonable" y ha expuesto que en demasiadas ocasiones las administraciones "complican necesariamente el desarrollo de la actividad económica, la creación de empleo y la generación de riqueza" mediante "una auténtica carrera de obstáculos burocráticos". A su juicio, cuando un operador económico ya está legalmente establecido en cualquier parte de España y ha cumplido los requisitos exigibles, "Asturias debe reconocer esa situación con el objetivo de evitar duplicidades".

   El parlamentario del Grupo Mixto ha defendido que la ley preserva las garantías necesarias, ya que no elimina las facultades de inspección ni impide actuar por razones de interés general o en ámbitos como la salud pública y el medio ambiente.

   La parlamentaria de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes se ha posicionado en contra de la propuesta tras rechazar "el catecismo del mercado abierto". Aunque ha aclarado que su grupo no defiende trámites inútiles, duplicidades ni procedimientos lentos, ha censurado que bajo la bandera de la simplificación se transmita la idea de que "el mercado es el instrumento principal, casi único, de ordenación de la vida económica" y que la Administración es una "traba".

   Campomanes ha adevertido de que esta ley es "una consigna elevada a rango de ley" y que la aparente sencillez de sus diez artículos es "engañosa", puesto que abre la puerta a que se cuelen "estándares bajos, menos controles y una competencia regulatoria a la baja".

   Por parte de Vox, la diputada Sara Álvarez ha señalado que en España "no puede haber diecisiete barreras distintas para trabajar, para emprender o para invertir". Álvarez ha argumentado que la fragmentación normativa "debilita nuestra competitividad y perjudica especialmente a los pequeños empresarios, a los autónomos", quienes no disponen de la capacidad para soportar cargas administrativas excesivas. Asimismo, ha defendido la necesidad de caminar hacia la desregulación para evitar "muros administrativos" mientras otras comunidades compiten por atraer la actividad económica, asegurando que la propuesta generará empleo, oportunidades y dinamismo en la región.

   La parlamentaria de Vox ha indicado que, si bien la norma se fundamenta en la legislación de Mercado Abierto aprobada en la Comunidad de Madrid, el texto debatido en el Parlamento asturiano introduce cambios en técnica jurídica, incorporando "más límites y salvaguardas" frente a posibles recursos y formulándose con "más cautelas constitucionales y administrativas", por lo que consideró que sus contenidos son beneficiosos. Asimismo, ha reivindicado que Vox lidera un compromiso más profundo de desregulación y eliminación burocrática, como los impulsados en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

   Finalmente, la diputada del PSOE Ana Isabel Puerto ha justificado el rechazo de los socialistas por las "serias dudas de constitucionalidad" que presenta la norma al entrar en tensión con la legislación básica estatal y reproducir mecanismos ya rechazados por el Tribunal Constitucional, citando el criterio desfavorable manifestado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

   Puerto ha denunciado que la proposición de ley "altera el modo en que se relacionan los ordenamientos autonómicos" permitiendo que actividades desarrolladas en la región queden sometidas a normas elegidas fuera de Asturias, una lógica por la cual el Constitucional ya declaró inconstitucionales los artículos 19 y 20 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM) en su sentencia 79/2017.

   La parlamentaria socialista ha alertado de que las decisiones normativas adoptadas legítimamente perderían eficacia real, provocando un "vaciado material" de la competencia autonómica. Del mismo modo, ha criticado que el artículo 10.4 de la propuesta incorpore "un mecanismo permanente de presión desregulatoria" al obligar a la Administración del Principado a revisar sus propios requisitos cuando sean más exigentes que los de otros territorios.

   Por último, ha recordado que la directiva europea sobre el Mercado Interior descartó el principio de país de origen para evitar una competencia regulatoria a la baja en ámbitos sensibles como la protección social, la seguridad o la salud pública, al tiempo que remarcó que la ley estatal 20/2013 no contempla un reconocimiento automático e incondicionado, sino que se fundamenta en la coordinación institucional y en el concepto de "estándar de protección equivalente".

   Puerto ha defendido la gestión del Ejecutivo asturiano a través de las leyes 'Simplifica' y de Proyectos Estratégicos, pactadas con FADE y sindicatos, y ha ensalzado que Asturias cerró el año 2025 con un saldo positivo de 38 empresas más, situándose como la cuarta comunidad que más sedes ganó frente a las pérdidas de Madrid y Cataluña.