OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado asturiano al Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Jonás Fernández, ha manifestado que el un calendario vinculante para el establecimiento de un 'ajuste de frontera sobre el CO2', fijado por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, "añade certidumbre sobre los plazos de negociación interinstitucional del impuesto. El compromiso de las instituciones de la Unión Europea con la introducción de este arancel es nítido y firme".
"No se puede interpretar que en el acuerdo presupuestario entre Parlamento y Consejo se asume algún tipo de retraso sobre la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera. Es más, el acuerdo concluye exactamente lo contrario", incide.
En el marco de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, apoyadas técnicamente por la Comisión Europa, las tres instituciones han acordado la introducción de un calendario vinculante en el 'Acuerdo interinstitucional sobre disciplina y cooperación presupuestaria, y buena gestión financiera'.
Por primera vez, las tres instituciones firman un texto legalmente vinculante sobre una cesta de nuevos recursos propios de la Unión, es decir, nuevos impuestos europeos. Fernández destaca que este paso es especialmente relevante porque compromete no sólo a la Comisión, como responsable de la redacción de las propuestas iniciales en materia legislativa, sino también a los colegisladores (Parlamento y Consejo), cuyos periodos de negociación no están tasados.
Además destaca que este acuerdo cobra aún más importancia en tanto que todavía no está decidido el sistema de tramitación legislativa de la propuesta para la creación de un 'ajuste en frontera sobre el CO2' importado. La Comisión puede inclinarse por introducir ese requisito en el marco de la revisión de la regulación del mercado de derecho de emisión (ETS) o bien a través de una nueva figura específicamente impositiva.
En el primer caso, Parlamento y Consejo son colegisladores y ambas instituciones deberían aprobar el reglamento por mayoría. En el segundo de los casos, la introducción de un nuevo impuesto pasaría exclusivamente por el Consejo, donde se necesitaría unanimidad entre los Estados.
Para el eurodiputado socialista en todo caso, el acuerdo interinstitucional "fuerza a la entrada del mecanismo de ajuste en frontera en 2023, con independencia del modelo de tramitación legislativa de la propuesta, obligando al Consejo y al Parlamento, en su caso, a cerrar un acuerdo en plazo. Lejos de suponer un retraso, supone una agilización del procedimiento y una garantía de que el 'arancel ambiental' se convertirá en una realidad", concluye.
