"En este momento mi mayor preocupación es llegar a casa, darle un abrazo a mi mujer y ducharme", dice uno de los empresarios imputados
GIJÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado cuatro de Instrucción, Ana López Pandiella, que instruye el 'caso Riopedre', planea inhibirse a favor de un juzgado de Oviedo al haberse cometido los supuestos delitos en la capital asturiana, con lo que no sería competente para instruir la causa. La petición ha partido del letrado Miguel Valdés, que representa a Víctor Manuel Muñiz, responsable de Ígrafo y uno de los empresarios imputados que han declarado este jueves.
Valdés ha explicado que, aunque él ha presentado un asunto de competencias, la Fiscalía se ha mostrado de acuerdo y de hecho iba a plantear el mismo asunto, mientras que la jueza ha expresado también su conformidad ya que era un tema que había tratado ya con la fiscal del caso. Una vez que se presente la inhibición del juzgado, quedará que se acepte en Oviedo por el juzgado que le corresponda en el reparto de asuntos, un tema que es un mero trámite.
Preguntado por si la jueza 'desaparecerá' entonces de este caso, ha dicho que cree que "tendría que haber 'desaparecido' hace un año, porque nunca hubo indicios de que se hubiera consumado cualquiera de los hechos en Gijón, y más cuando están imputados funcionarios de Administraciones Públicas con su trabajo y residencia en Oviedo, ciudad donde está el dinero y se hicieron los contratos. En su opinión, también es un "exceso" los autos de prisión provisional dictados estos dos días de atrás aunque cree que los imputados estarán poco en la cárcel.
También algunos de los letrados ya han anunciado su intención de pedir, una vez que se realice el traslado, la nulidad de las declaraciones prestadas estos días, e incluso de las escuchas telefónicas. Sobre esto último, han explicado que una vez que a través de las escuchas se ven indicios de delito en Riopedre, cuando aún era consejero, debería de haber ido esa nueva investigación por un procedimiento diferente.
Además, al haberse descubierto cuando todavía ostentaba su cargo de titular de Educación, al ser aforado su caso debería de haber pasado directamente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El previsto traslado de la causa judicial a Oviedo supondrá retrasar la instrucción, ya que el juez que coja el caso tendrá que empezar desde cero y hay mucha documentación dentro de las diligencias, además de las escuchas.
Asimismo, por el momento será la jueza todavía la que decida sobre los recursos del auto de prisión provisional dictados a tres de los imputados, aunque el nuevo magistrado decidirá luego independientemente cuál es la actuación que le parece más correcta. Fuentes jurídicas han apuntado también que está previsto que la inhibición del juzgado gijonés vaya acompañada del levantamiento del secreto de sumario.
DISPUESTO A COLABORAR
"En este momento mi mayor preocupación es llegar a casa, darle un abrazo a mi mujer y ducharme", ha apuntado Víctor Manuel Muñiz, responsable de Ígrafo y uno de los dos empresarios imputados en el caso a su salida de los calabozos del juzgado.
Asimismo, ha indicado que se encuentra "tranquilo" y ha destacado que "son gente muy profesional", con alusión a los funcionarios del juzgado. También se ha mostrado dispuesto a colaborar "absolutamente" con la Justicia y con los medios de comunicación y ha asegurado que no le teme a lo que pueda ocurrir con la investigación.
Muñiz se ha fundido posteriormente en un abrazo con su cuñado, que había estado esperando a la puerta de los juzgados el auto de la jueza. El hombre, antes de que se produjera la salida de Muñiz, ha apuntado que ya le había comunicado a su hermana la noticia y ha añadido que estaba muy contenta.
Tanto el abogado de Muñiz, como el del otro empresario imputado, Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín, se han mostrado "muy contentos" con la decisión judicial, especialmente cuando a las tres personas que declararon en los días anteriores, el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, su número dos la directora general de Planificación, María Jesús Otero, y la ex funcionaria Marta Renedo, se les dictó un auto de prisión provisional.
"Los cargos ya se verán", ha indicado Javier Díaz Dapena, que representa a Alfonso Sánchez, quien ha añadido que ahora por el momento son "indiciatorios". Su cliente, no obstante, ha eludido hacer declaraciones tras su salida de los calabozos.
En cuanto a las declaraciones de los empresarios, Sánchez se limitó a hacer una manifestación ante los presentes pero sin aceptar preguntas ni siquiera de su abogado, mientras que Muñiz ha contestado sólo a las preguntas formuladas por su letrado.
RESPUESTAS SÓLO A SU ABOGADO
Éste último ha comentado que su cliente ha estado "bien, ha estado fuerte a pesar de llevar 72 horas en una situación que no es la mejor para nadie, pero ha estado firme y fuerte". Entre otras cosas, le ha preguntado por aspectos surgidos durante los interrogatorios de estos días, aunque no por la empresa del hijo de Riopedre y tampoco se han mostrado documentos.
También ha respondido a las relaciones de todo tipo que tenía con los otros imputados. A este respecto, el abogado ha recalcado que se lo preguntó sin tener oportunidad de hablar con él antes, con lo que "ha contestado realmente la verdad".
Su cliente ha señalado que trabajaba para otras consejerías con el mismo sistema que con la Educación y que, según el abogado, es "perfectamente legal", ya que hay un concurso cada tres años y luego la Administración puede acudir a cualquier a los proveedores que están homologados.
"Lo hace la Administración del Principado, Educación y el resto de Consejerías, pero también Administraciones locales y del Estado", ha concretado. "Tanto Ígrafo como Almacenes Pumarín trabajan para todo ese tipo de administraciones", ha apostillado.
PETICIÓN A FAVOR DE OTERO
Por otro lado, el abogado que representa al Principado, Juan Serra, ha puntualizado que no es que pidiera la libertad provisional de la ex directora general de Planificación, María Jesús Otero, sino que expresó que con lo que se había mostrado en las declaraciones no era constitutivo de unos delitos que lleven aparejados una medida cautelar "tan grave".
A su juicio, es un problema de contratación y ha agregado que la contratación centralizada -escoger a una empresa de las que están homologadas-- la hacen todas las administraciones. "No es capricho de la Administración", ha indicado antes de explicar que está en la Ley de contrataciones públicas.
También ha aclarado que en principio el Principado está como acusación de la ex funcionaria Marta Renedo, que es a la que denunciaron, pero como las diligencias parecen ampliatorias, ha adelantado que "se acusará al que se tenga que acusar si hay pruebas". Por el momento, el caso continúa "abierto y cerrado", con referencia a la investigación y al secreto de sumario, respectivamente.
En cuanto al ex consejero, ha incidido que como no se aportó absolutamente nada que aparente una conducta delictiva se sometió la decisión a la jueza. Respecto a Renedo, ha recordado que la investigación iniciada por el Principado y que hay una serie de elementos que le permiten como letrado pronunciarse en un sentido u otro.
Además, ha apuntado que hasta ahora hay "muy poco" sobre las implicaciones aunque ha precisado que van apareciendo "una serie de conductas que podrían ser delictivas". Por este motivo, cuando se levante el secreto de sumario si verá si lo hecho va en contra del interés del Principado.
"Posible en esta vida es todo", ha señalado sobre la inculpación de los imputados. También ha matizado que el nombre de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, sale en las escuchas pero de referencia.
