GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Área de Gijón solicita pena de cárcel para dos encargados de obra de la ampliación de El Musel, acusados de apoderarse de material de hierro de la empresa adjudicataria del proyecto, valorado en más de 360.000 euros. La vista oral está señalada para el próximo día 26, en el Juzgado de lo Penal número tres de Gijón, a las 9.30 horas.
Según el relato remitido por el Ministerio Público, el valor del material presuntamente sustraído por el acusado L. R. M. G. fue tasado en 188.825,78 euros, y el presuntamente sustraído por J. M. M., en 174.192,62 euros. El primero consignó ya en el Juzgado la suma de 65.143,02 euros.
La Acusación Pública imputa a cada uno de los acusados un delito continuado de hurto, con la agravante de abuso de confianza y, en el acusado L. R. M. G., la atenuante de reparación del daño. Por estos hechos, pide para este último la pena de dos años y tres meses de prisión y que indemnice a la empresa UTE Dique Torres con 188.825,78 euros; y al acusado J. M. M. la pena de tres años de prisión y que indemnice a la empresa con 174.192,62 euros.
De acuerdo a la Fiscalía, los dos acusados, L. R. M. G. y J. M. M., de común acuerdo y aprovechando sus respectivas condiciones de encargados de obra de la empresa UTE Dique Torres, con domicilio social en Gijón y adjudicataria de las obras de ampliación del puerto de El Musel, Gijón, se apoderaron en el turno de noche de material de hierro (acero corrugado), que se encontraba almacenado en el contradique Marcelino León.
Así, entre los días 18 de enero a 3 de julio de 2008, el acusado L. R. M. G., en varias ocasiones, sustrajo la cantidad total de 327,980 toneladas de material de hierro, que vendió a una empresa de chatarra, sin que conste que sus responsables o empleados conocieran la procedencia ilícita del material.
El acusado J. M. M., entre el 14 de marzo y el 18 de julio de 2008, en distintas ocasiones, sustrajo la cantidad total de 283,600 toneladas de material de hierro, que vendió a otra empresa de chatarra, sin que tampoco conste que sus responsables o empleados conocieran la procedencia ilícita del material.