Archivo - El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons durante la rueda de prensa de este viernes. - PP ASTURIAS - Archivo
OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons se ha referido al informe de fiscalización operativa y de cumplimiento de la promoción y gestión de la vivienda protegida en Asturias correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, aprobado por la Sindicatura de Cuentas del Principado y ha considerado que el mismo "demuestra que Asturias suspende una vez más en una materia que es el primer problema de los españoles".
"Estamos ante otro varapalo más al Gobierno de Barbón y a la Consejería responsable de vivienda. La valoración inicial es demoledora: durante los años 2023 y 2024 no hubo una política autonómica de vivienda propia, planificada y adaptada a las necesidades de los asturianos", señala Cuervas-Mons.
A juicio del PP el informe recoge entre sus conclusiones cuestiones "gravísimas" como que el Gobierno del Principado no pueda saber con fiabilidad cuántas personas necesitan una vivienda protegida ni cuántas viviendas protegidas hay realmente disponibles.
Además, según destaca Cuervas-Mons, el informe constata que no existía un Plan Autonómico de Vivienda vigente para el periodo 2022-2025, ni objetivos operativos, indicadores de necesidad o mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación.
"El Gobierno de Barbón no ha tenido, ni tiene, una verdadera política de vivienda. Ha ido sumándose a programas estatales y europeos, pero sin una estrategia propia para Asturias y, además, con graves problemas en la ejecución", denuncia el diputado.
Cuervas-Mons ha incidido especialmente en las deficiencias detectadas en los registros de vivienda. También considera especialmente grave la conclusión de la Sindicatura sobre los procedimientos de adjudicación. El órgano fiscalizador advierte de "numerosas inconsistencias e inexactitudes" que han impedido garantizar la trazabilidad de los datos y que arrojan "dudas significativas" sobre su fiabilidad, hasta el punto de que la Sindicatura no puede emitir una conclusión sobre la conformidad a derecho de los procedimientos de adjudicación.
El diputado 'popular' anunció que el Grupo Parlamentario Popular realizará un análisis detallado del informe y adelantó que en septiembre no se producirá todavía su debate en la Cámara, aunque "en su momento se solicitará la comparecencia del síndico y del consejero responsable para conocer de primera mano el alcance de unas conclusiones que consideramos extraordinariamente graves".