Actualizado 29/09/2009 17:18 CET

El PP pide una multa de 120 euros para Prado D'Almeida, quien defiende que quién quiso pudo salir de la sede

El ex militante afirma que se le ocurrió la idea cuando vio que había prensa y que compró la cadena en 'los chinos'

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado del PP, José Joaquín García, solicitó hoy para el ex militante del partido, Luis Joaquín de Prado D'Almeida, durante el juicio en el juzgado de Instrucción 1 de Gijón, una multa de 15 días con cuota diaria de ocho euros (120 euros en total) por una falta de coacciones, tras encadenarse a la puerta de la sede gijonesa del PP el pasado 24 de abril e impedir la salida de la veintena de personas que había en su interior. Por su parte, el acusado negó los hechos y pidió su absolución.

Durante la vista oral, la acusación particular intentó demostrar que De Prado había acudido ya con las cadenas con la intención de impedir que saliera la gente, y que el demandante, Luis Crego, interpuso la denuncia en nombre del partido, como secretario general, y de las personas que estaban en aquel momento en la sede, y no a nivel particular.

Aunque los testigos del PP señalaron que el acusado dejaba salir y entrar durante un tiempo a personas que tenían que pasar "por encima de él", ratificaron que a partir de las 20.30 horas no lo permitía, hasta que a las 21.15 horas aproximadamente vino la Policía. También hubo testigos que corroboraron que no les dejó salir.

Por su parte, Crego aseguró que en la sede se vivió una situación "tensa" porque la gente se quería ir, hacía media hora que había acabado el turno de las empleadas y había personas que tenían menores a su cargo. Asimismo, afirmó que De Prado hacía fuerza desde el exterior, además de estar encadenado, aunque reconoció que no le pidió que dejara salir a las personas y tampoco sabe si alguien lo hizo.

Crego se encontraba en el interior dando una rueda de prensa junto al secretario general del PP en Asturias, Fernando Goñi, por lo que no se enteró de los hechos hasta que dos miembros del partido, el concejal gijonés Pedro Muñiz y la diputada Ana Barrientos, se lo advirtieron. "Estábamos coaccionados, muchos queríamos irnos", afirmó aunque apuntó que no le considera violento.

Muñiz por su lado declaró que le entregó la documentación que había solicitado a las 19.40 horas, relativa a la preparación del congreso interno del PP gijonés, pero que De Prado siguió encadenado y solicitó hablar con el presidente y la secretaria de la comisión organizadora del congreso, Salvador Garriga -que no estaba-- y Ana Barrientos.

"HACER DAÑO AL PARTIDO"

Asimismo, señaló que el propio Garriga le indicó que no se le recibiera si mantenía esa postura y que se hiciera en todo caso la semana próxima. También aseguró que ya llevaba la cadena consigo y que le pidió que no lo hiciera. Muñiz opinó que lo hacía para salir en la prensa y "hacer daño al partido".

También testificó Barrientos, quien señaló que sobre las 20.45 horas llamó personalmente al comisario jefe de Gijón para alertarle de la situación y explicó que ella alertó a la gente de que si usaba la fuerza para abrir la puerta podrían causarle algún daño a De Prado. Una de las personas que dijo haber querido salir señaló que el acusado opuso resistencia las dos veces que lo intentó. También una de las empleadas de la sede confirmó que llevaba la cadena desde que llegó a la sede.

Contra la versión del PP y la de los testigos que presentó la acusación particular, el imputado defendió que quien quiso pudo salir y entrar, lo mismo que hizo Fernando Goñi y otros miembros del partido, algunos de los cuales estuvieron hablando con él.

Asimismo, señaló que él lo que quería era poder hablar con Garriga o Barrientos y tras no conseguirlo, aprovechando que estaba la prensa por una rueda de prensa que había, se le ocurrió el comprar la cadena de bicicleta en 'los chinos' y atarse al pomo de la puerta como protesta pacífica. "Era cómodo para mi para poder moverme", dijo.

También apuntó que unas veces estaba de pie y otras se sentaba para poder descansar y que, incluso, le fueron a comprar un cojín, ya que sufre de la columna. "Si alguien quería salir me apartaba un poco", señaló. "Era una protesta política y pacífica", afirmó.

La versión de De Prado fue corroborada por otro militante, Baltasar Palacios, quien llegó sobre las 19.00 horas a la sede. Palacios indicó que lo que quería el acusado era "llamar la atención" y aseguró que él vio como la gente podía salir de la sede.

También contó como la Policía acudió dos veces a la sede, la primera -tras la llamada de la portera del edificio-- dos agentes de paisano que se marcharon tras preguntar qué pasaba y la segunda sobre las 21.15 horas en que pidieron a De Prado que depusiera su actitud. Palacios recalcó que la Policía se lo pidió pero no se lo ordenó. El testimonio coincidió con el de otro militante, que señaló que fuera de la sede no se oía ningún bullicio en su interior.

DECLARACIÓN EMILIO NOVAL

El último en testificar fue el ex concejal Emilio Noval, expulsado del partido, quien manifestó que a él le avisó la mujer del acusado. Noval indicó que De Prado quería denunciar "por activa y pasiva las trampas que estaban haciendo esas personas", con alusión a la directiva del partido, y llamar la atención de la prensa. "Salió quien quiso salir", aseguró respecto a quien estaba en la sede.

Por su parte, el abogado de la defensa, José Rivero, recordó que su cliente es un histórico militante del PP -aunque fue expulsado tras los hechos-- y un hematólogo de prestigio y añadió que lo que hizo fue para denuncia las "irregularidades" del congreso.

También señaló que la declaración de la empleada fue "la más parcial" de todas, al estar trabajar para el PP. "Se ve claramente que está mintiendo", dijo sobre el que asegurara que llevaba las cadenas con él. Para Rivero, su cliente no tuvo una actitud coercitiva, sino que ejercía la libertad de expresión y el hacer una protesta pacífica.

El abogado recalcó que De Prado no quería un resultado concreto de ninguna de las personas que había en el interior de la sede. Además, remarcó el que Barrientos llamara directamente al comisario jefe y no a la centralita de la Policía y señaló que el PP le suspendió posteriormente de militancia para callar "su incómoda voz". Por todo ello, pidió su libre absolución.