La oposición ve esta norma "necesaria" y pide más innovación administrativa y reforzar la prevención y la inserción socio-laboral
OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez, ha defendido este viernes en la Junta General el proyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales como "faro del sistema asturiano de servicios sociales".
Durante su intervención en comisión parlamentaria junto a otros consejeros y miembros del Gobierno, Álvarez ha incidido en que el objetivo de la norma es integrar, ordenar y ampliar las prestaciones, así como reconocer nuevos derechos subjetivos, configurando "un verdadero sistema" de protección a las personas más vulnerables, con especial atención a menores, dependencia y discapacidad, así como a situaciones de emergencia social.
La nueva ley busca dar respuesta a nuevas realidades, con seguridad jurídica y desde la coordinación entre las distintas consejerías y las entidades locales. Al respecto, la consejera ha destacado el compromiso del Principado con las políticas públicas y el refuerzo de la equidad y la eficiencia para hacer frente a la pobreza y exclusión. Así, ha agradecido la voluntad mostrada por la mayoría de los grupos para que la norma salga adelante cuanto antes.
Melania Álvarez señaló en respuesta a IU que se estima un año como plazo "prudente y realista" para la aplicación de la norma sin perjuicio de que haya aspectos que se puedan acelerar. La nueva ley, dijo, favorecerá la "simplificación y eficacia en la gestión", permitirá adaptar el sistema de prestaciones a los cambios sociales y ayudará a cumplir con los objetivos de la 'Agenda 2030'.
El Salario Social Básico es, según afirmó la titular de Derechos Sociales y Bienestar, el "buque insignia" del sistema asturiano de protección que se "consolidará" en esta ley. Este derecho subjetivo se verá reforzado con ayudas al alquiler de vivienda, que también serán consideradas como derecho subjetivo.
Además, ha recordado que a partir del 2 de marzo estarán disponibles los nuevos modelos de declaración responsable para que las personas solicitantes del Salario Social indiquen que cumplen todos los requisitos para acceder a la prestación y el expediente se inicia de inmediato, con el propósito de favorecer la incorporación laboral al agilizar la entrada y salida del sistema.
En la misma línea, a preguntas del PP, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha asegurado que la nueva ley será una "buena herramienta" para ordenar las actuaciones y mejorar la coordinación entre administraciones.
FIJACIÓN DE POSICIONES
Los grupos de la oposición han coincidido en reconocer la "necesidad" de esta norma y se han comprometido a contribuir a mejorarla vía enmiendas, pidiendo más innovación administrativa, así como reforzar la prevención y la inserción socio-laboral.
El turno de fijación de posiciones, en el que no intervino ni Foro ni Vox, comenzó con el diputado de IU Ovidio Zapico, quien espera que la ley entre en vigor cuanto antes. Además, resaltó que la norma es fruto del acuerdo entre los socialistas y su formación, en la línea de la colaboración en gobiernos de coalición que contribuyeron a impulsar políticas sociales y poner en marcha el Salario Social.
Más crítico se mostró el diputado de Podemos Rafael Palacios, al lamentar que la prevención no está presente en este proyecto y pedir modificaciones al texto. Así, afeó que el documento sea "farragoso" y se preste a interpretaciones y reclamó una dotación económica y de recursos humanos "suficiente". "Tenemos la voluntad de ser incómodos pero también de trabajar para tener pronto la ley", ha dicho.
Desde el PP, la diputada Reyes Fernández Hurlé ha apuntado que "nadie discute la necesidad e importancia de la ley" y ha avanzado que su partido propondrá enmiendas para mejorar varios aspectos relativos a la eficiencia de la gestión, la sostenibilidad del sistema y el refuerzo de la inserción socio-laboral.
El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé mostró la predisposición de su formación a la ley con aportaciones que permitan avanzar en la innovación administrativa y reforzar la prevención, e impulsar la intervención social más allá de las políticas asistenciales.
La diputada del PSOE Celia Fernández agradeció la disposición de los grupos y resaltó que, además de mejorar la coordinación y agilizar la gestión, la nueva ley involucra a las entidades sin ánimo de lucro y ofrece mayor seguridad jurídica. Con todo, aseguró que la norma no solo es necesaria sino que es "imprescindible".
Melania Álvarez cerró la comisión adelantando que el Gobierno asumirá aquellas aportaciones de los grupos que permitan mejorar las propuestas iniciales. Además, anunció que la ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales será la primera que se publique en el modelo de "lectura fácil", desde el compromiso de avanzar en un modelo de gobierno "accesible a la ciudadanía en su conjunto".
