PSOE, Convocatoria y Tomé tumban la propuesta del PP para fusionar Vipasa, Sogepsa y Sedes

    OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Popular ha presentado en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley para explorar la fusión de las sociedades públicas Vipasa, Sogepsa y Sedes, con el objetivo de racionalizar el sector público autonómico dedicado a la gestión inmobiliaria, constructiva y de mantenimiento de viviendas. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé.

   El diputado del PP asturiano José Agustín Cuervas-Mons ha destacado las pérdidas millonarias de estas empresas y ha defendido la necesidad de analizar sus objetos sociales, plantillas y viabilidad económica antes de tomar decisiones.

   Cuervas-Mons ha insistido en que la consolidación permitiría evitar duplicidades y optimizar recursos, señalando que Sogepsa acumula pérdidas de más de 10 millones de euros y que Sedes y Vipasa también presentan resultados negativos. "No estamos hablando de cerrar ni atacar a lo público, sino de aplicar sentido común y cambiar de rumbo inmediato para evitar que estas sociedades sigan generando pérdidas sin función concreta", ha subrayado.

   La propuesta sugiere evaluar la unificación debido a que sus funciones en el sector inmobiliario y urbanístico se solapan significativamente. El texto argumenta que estas entidades comparten objetivos similares, como la gestión de suelo industrial y la administración de viviendas sociales, lo cual genera una duplicidad de recursos innecesaria.

   Al proponer esta fusión, el Grupo Parlamentario Popular busca optimizar la eficiencia del sector público autonómico mediante la creación de un informe técnico detallado.

   Gonzalo Centeno (Vox) ha defendido que las sociedades están regidas por derecho mercantil, señalando que las pérdidas acumuladas superan los 145 millones de euros y que las deudas se han cubierto con recursos públicos. Ha propuesto la fusión como solución práctic y ha insistido en que la medida evitaría el derroche de fondos públicos.

Adrián Pumares (Foro Asturias) ha señalado que la revisión del sector público es necesaria, pero ha insistido en que debe realizarse con rigor y sin prejuicios. Ha respaldado un estudio técnico que evalúe posibles fusiones o reorganizaciones, respetando la función estratégica de cada empresa y los intereses de los contribuyentes.

   Pumares ha enfatizado que el objetivo no es debilitar la capacidad pública, sino hacerla más eficiente, destacando que Asturias requiere instrumentos eficaces para promover vivienda pública y desarrollo industrial. "Tomar decisiones sin datos sería irresponsable; revisando, evaluando y, si es necesario, reorganizando, se protege el interés general", ha apuntado.

CRÍTICAS A LA "PRIVATIZACIÓN"

   René Suárez (PSOE) ha rechazado la iniciativa del PP, asegurando que la propuesta reproduce modelos fallidos de otras regiones y amenaza la capacidad de gestión pública de vivienda y urbanismo. Ha señalado que las tres empresas cumplen funciones específicas y estratégicas y que fusionarlas generaría un "cajón desastre" sin beneficios reales.

   Suárez ha subrayado la importancia de mantener empresas públicas especializadas para afrontar la crisis habitacional y los retos industriales en Asturias. Ha criticado la desconfianza del PP en el personal técnico autonómico y ha defendido la modernización del sector público sin privatización, garantizando derechos sociales y eficiencia administrativa.

    En la misma línea se ha pronunciado Delia Campomanes (Convocatoria), rechazando la proposición. Ha defendido la especialización de cada empresa y ha advertido además de que la iniciativa no se limita a plantear un análisis organizativo, sino que introduce expresamente la posibilidad de externalizar funciones, lo que a su juicio abre la puerta a procesos de privatización

   Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha coincidido con los grupos de la dercha en que algunas de estas empresas presentan riesgos y pérdidas significativas. Sin embargo, ha cuestionado la intención de privatizar o externalizar funciones y ha defendido que las herramientas públicas deben servir para garantizar vivienda asequible, rehabilitación y empleo de calidad.

   Tomé ha advertido que "cuando escuchamos optimización, la ciudadanía percibe privatización" y ha justificao su vota en contra de la iniciativa por considerar que podría debilitar la capacidad pública y entregar recursos estratégicos a empresas privadas.