La responsable de Combayl acude a la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo, pero rechaza comparecer

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administradora única de la empresa Combayl, Ana María Rodríguez, se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no comparecer ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente ocurrido el 31 de marzo de 2005 en la mina de Cerredo (Degaña), donde fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

En una breve exposición inicial, la compareciente --mujer del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes-- ha expresado en primer lugar su "afecto y apoyo" a las familias y allegados de las víctimas, cuyo dolor, ha señalado, "merece todo nuestro respeto". A continuación, ha afirmado que nunca ha mantenido "relación alguna, ni personal ni profesional", con la Dirección General de Minas ni con otros departamentos del Gobierno del Principado vinculados al sector.

Ha recordado que existe una investigación judicial en curso en el Juzgado de Cangas del Narcea y ha manifestado su deseo de que la justicia "actúe con libertad y sin interferencias para que la verdad salga a la luz". Por este motivo, y "por el más profundo respeto" al proceso judicial, ha anunciado su decisión de no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

"Siento profundamente no poder responder hoy a sus preguntas, pero entiendo que la prudencia y el silencio son, en este momento, la mejor forma de colaborar para que la investigación judicial sea suficientemente consistente para que la verdad salga a la luz", ha dicho.

TURNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Tras su intervención inicial, se ha abierto el turno a los grupos parlamentarios. Xabel Vegas (IU-Convocatoria) y René Suárez (PSOE) han decidido no plantear pregutas a la compareciente. "En los últimos meses ha quedado sobradamente probado que el verdadero dueño de las empresas Combayl, Blue Solving y Carbones de La Vega era el señor Jesús Rodríguez Morán, su marido, y por eso consideramos que no es oportuno hacerle más preguntas", ha señalado Vegas. Por su parte, el diputado socialista ha explicado que respeta su derecho acogerse a su derecho constitucional a no declarar y "al igual que hicimos con los dos comparecientes que se acogieron a ese derecho no haremos preguntas".

Por su parte, Rafael Alonso (PP) ha decidido formular un amplio bloque de preguntas centradas en la estructura de poder dentro de las empresas vinculadas a la explotación minera. Ha preguntado quién tomaba realmente las decisiones mercantiles en Combayl, si la propia compareciente o su marido, Jesús Rodríguez Morán, así como quién decidió el nombramiento y posterior cese de los distintos directores facultativos de la mina de Cerredo.

Los 'populares' también preguntaron por la contratación de responsables técnicos, las relaciones profesionales con distintas personas vinculadas a la explotación, el pago de retribuciones, la prestación de servicios por parte de otras sociedades y la transmisión de concesiones mineras a una empresa titularidad de su hijo tras el accidente de 2022, interesándose expresamente por las motivaciones de esa decisión.

Asimismo, el PP ha planteado cuestiones sobre el conocimiento y la participación de la compareciente en la solicitud de ayudas públicas, el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), las comunicaciones recibidas por parte de la Administración autonómica, el reconocimiento de la extracción ilegal de carbón y la posible existencia de un entramado empresarial familiar. También ha preguntado por eventuales reuniones con responsables de la Dirección General de Minas y por el objetivo último de la adquisición de empresas mineras en procesos concursales.

Gonzalo Centeno (Vox) ha planteado cuestiones sobre las posibles consecuencias personales y patrimoniales del proceso judicial, en particular en relación con su hijo. El diputado ha preguntado si era consciente de que, en caso de que las responsabilidades recayeran sobre ella o sobre su hijo, las familias de las víctimas apenas podrían ser resarcidas económicamente, mientras que una derivación de responsabilidades hacia la Administración permitiría una indemnización más amplia.

Vox también ha interrrogado a la compareciente sobre si tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban en la mina de Cerredo, ya fuera a través de trabajadores, terceros o de su marido, así como sobre las relaciones de este último con el actual alcalde de Degaña.

Por último, Adrián Pumares (Foro Asturias) ha lamentado que la sesión no permitiera aclarar cuestiones clave como las razones para situar a su hijo al frente de Blue Solving y de la mina de Cerredo, quién tomaba realmente las decisiones estratégicas y con qué criterios, y quién orientó la solicitud del Proyecto de Investigación Complementaria. Pumare ha subrayado que despejar estas dudas habría contribuido, a su juicio, a los objetivos de la comisión de investigación y al esclarecimiento de los hechos.