Sánchez dice que el Gobierno convertirá en estructural el Plan contra la Siniestralidad elaborado en 2024

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha manifestado este martes en el Pleno que la intención del Ejecutivo es transformar el Plan contra la Siniestralidad Laboral elaborado en 2024, que nació como plan de choque en 2024 y incorporarlo como una política estructural y permanente a partir de este año, incluido en lo que es la planificación bienal que realiza el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.

"Yo lo que le quiero trasladar es que desde el Gobierno de Asturias, desde la consejería que me toca dirigir, el compromiso con la prevención de riesgos laborales es inequívocos y vamos a seguir trabajando en esta misma línea, tanto con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, con los agentes sociales y con la patronal", dijo Borja Sánchez en respuesta a la interpelación de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

En este sentido ha explicado Sánchez que el Programa Presupuestario de Trabajo y Relaciones Laborales, dispone de 174 millones de euros, esto es un 3,78% más que en 2025, pero lo importante es que dentro de esa partida, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales recibe casi 4,5 millones de euros en transferencias corrientesSi sumamos las inversiones de capital, es un presupuesto total que roza los 5,7 millones de euros.

"Pues este aumento de fondos tiene un objetivo claro, es transformar ese plan de respuesta contundente que nació como plan de choque en 2024, para incorporarlo como una política estructural y permanente a partir de este año, dijo el consejero.

ACCIONES DEL DÍA A DÍA

El consejero también ha explicado algunas de las cuestiones que se están llevando a cabo en el día a día como las visitas a empresas que estén investigadas por accidentes graves o mortales; el análisis de los siniestros solicitados por el juzgado que no hayan utilizado el sistema Delta, o, por ejemplo, también lo que se ha definido es un plan de visitas conjuntas junto a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social a aquellas compañías que tengan una tasa de incidencia superior al 20 % sobre su sector.

También se van a revisar las actuaciones que se pusieron en marcha por las 96 empresas que recibieron cartas de advertencia sobre su gestión preventiva y en materia de personal se han reforzado en once los efectivos del IAPRL mediante la cobertura de puestos vacantes y de puestos de nueva configuración.

"CIFRAS VERDADERAMENTE PREOCUPANTES"

Ha recordado la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que en 2025 Asturias registró 12.242 accidentes de trabajo con baja, 12.126 leves y 94 graves. Fueron mortales 22, 20 en jornada de trabajo y 2 en itinere, la cifra de fallecimientos más alta desde 2018. En lo que va de 2026, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se notificaron en total, 1.603 accidentes, tres mortales.

"Hablamos de unas cifras verdaderamente preocupantes ya en los dos primeros meses del año en curso", dijo Tomé que ha indicado que si bien es cierto que cada caso tiene causas diferentes, se adivina una raíz común, la falta de prevención efectiva y la insuficiencia de controles reales.

Así ha insistido en que la siniestralidad laboral en Asturias no es un fenómeno inevitable y en buena parte esta relacionada con la falta de supervisión y de recursos. Ha añadido Tomé que la clave en esto, como en tantas otras cosas, es la prevención y la prevención falla tanto en grandes como en pequeñas empresas, en todos los sectores, y también en las cadenas de subcontratación donde la responsabilidad a efectos prácticos se diluye.

Por todo ello Tomé ha pedido al consejero que de cuenta de los resultados del Plan Estructural contra la Siniestralidad Laboral y que explique si este plan está funcionando y qué mejoras presenta ya que "visto lo visto en 2025 parece que no está teniendo muy buenos resultados".

Además ha reclamado más recursos humanos y técnicos para la inspección, condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de la normativa preventiva, reconocimiento y fortalecimiento del papel de los delegados y delegadas de prevención, formación obligatoria y continua en prevención y, abundando, además, en los riesgos psicosociales, un modelo de salud laboral que actúe sobre las causas y no penalice las bajas, entre otras medidas como el endurecimiento en sanciones.