Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS
OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un informe del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) concluye que el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, está obligado, por un deber imperativo y constitucional, a someterse al control parlamentario.
El parecer de los Servicios Jurídicos fue solicitado después de que en la sesión plenaria de este martes, el Consejero abandonase el pleno después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda.
"Un Gobierno que nace de la Cámara, pero que decide por sí mismo cuándo responde ante ella, ha dejado de ser, en esa medida, un Gobierno parlamentario", recuerda el informe del Letrado Mayor, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido tratado en la Junta de Portavoces en una sesión de casi dos horas.
El documento concluye que el anuncio del Consejero de suspender de manera indefinida su sometimiento al control de la Cámara carece de todo fundamento o respaldo en el ordenamiento jurídico , ya que someterse al control parlamentario constituye un deber jurídico, constitucional y estatutario imperativo e indisponible del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus miembros, y no una prestación facultativa de la que puedan disponer unilateralmente.
"Un Consejero no puede 'suspender' su relación con la Junta General, del mismo modo que la Junta General no podría 'suspender' las relaciones que constitucional y estatutariamente le corresponden con el Presidente y el Consejo de Gobierno como órganos institucionales de la Comunidad Autónoma", añade.
RECONDUCIR LA NEGATIVA
Pero además, el Letrado Mayor advierte que el anuncio de Zapico no es un "asunto particular" del Consejero, dado que , por el carácter solidario de la responsabilidad política compromete al Consejo de Gobierno en su conjunto y coloca a su presidente, Adrián Barbón, ante la obligación de pronunciarse.
"Lo que sí cabe afirmar es que, si la situación no se reconduce, la negativa difícilmente podrá seguir considerándose una decisión individual y pasará a ser imputable al Consejo de Gobierno en su conjunto", señala el informe.
