OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El órgano fiscalizador asturiano, la Sindicatura de Cuentas, no ha encontrado irregularidades graves en los contratos de emergencia que se han realizado como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Así lo ha confirmado el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, a preguntas de los periodistas antes de su visita al presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez.
"No han sido malas las conclusiones y nuestra opinión ha sido favorable con salvedades", declaró Fernández Llera en relación al análisis de los contratos realizados.
Hasta la fecha, el informe que es más preciso en relación a este contrato y que coincide con los momentos más duros de la pandemia es el correspondiente a la Cuenta General del Principado de Asturias 2020, aprobado a finales del pasado año.
En el trabajo se explica que el Principado de Asturias comunicó 524 contratos de emergencia derivados de la gestión de la crisis de la COVID-19, de los que 148 corresponden a la Administración del Principado de Asturias y 376 a sus organismos autónomos.
La Sindicatura de Cuentas no los analizó todos, sino una muestra de 166 contratos. Durante los trabajos, se detectaron "algunos incumplimientos.
Así, en treinta y siete no se establece el plazo determinado de ejecución; en dos, el inicio de la ejecución de la prestación tuvo lugar en un plazo superior a un mes, y, en siete, no consta entre la documentación remitida el acta de recepción del contrato ni cualquier otro informe acreditativo de la adecuada realización de la prestación contratada.
Además, en catorce de los contratos fiscalizados las actas de recepción se emiten fuera del plazo establecido en la ley y, en seis, no se considera adecuada la tramitación por el procedimiento de emergencia, atendiendo a su carácter excepcional y a los restrictivos requisitos exigidos para su utilización El informe de la Sindicatura de Cuentas hace referencia a la "excepcionalidad" del ejercicio 2020, derivada de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta a la misma con los servicios públicos fundamentales.
Así, explica que se modificó el contexto objetivo de desarrollo de la contratación pública, incluyendo "en un primer momento el cierre de mercados, la escasez de determinados suministros esenciales y una notable alteración de precios y plazos de entrega".
La normativa básica, añaden, en materia de contratación respondió a esa realidad sobrevenida, prolongada en el tiempo, entre otros aspectos, mediante una extensión del ámbito de aplicación de la tramitación de emergencia.
PRECIOS
En el apartado que se analizan los criterio de determinación del precio y la adjudicación de los contratos, la Sindicatura señala que en el análisis efectuado "no se han advertido diferencias significativas en el intervalo de precios de prestaciones homogéneas, ni tampoco una concentración significativa en la adjudicación de los contratos de un mismo ámbito material".
En la determinación del precio y en la selección del contratista, la adjudicación directa fue la práctica más utilizada. Sin embargo, en determinados contratos se establecieron criterios para objetivar la selección del contratista. Así, en unos casos, la adjudicación se realizó al contratista de las prestaciones principales que ya se estaban ejecutando. En otros, se ha procedido a solicitar varias ofertas por parte del órgano de contratación. Cada órgano de contratación decidió.
RECOMENDACIONES
En sus recomendaciones, la Sindicatura considera que sería más adecuado que en el caso de situaciones de emergencia que se prolonguen en el tiempo, el órgano de contratación, en la medida en que resulte posible, contemple implementar cauces menos excepcionales que la contratación de emergencia, tales como la tramitación de urgencia o el procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia, lo que permitiría "optimizar el equilibrio entre la preservación del interés público y los principios y garantías inherentes a la contratación administrativa".
Ademas, el informe, consultado por Europa Press, señala que para mejorar la seguridad jurídica, sería recomendable que las contrataciones de emergencia se canalizasen a través de una resolución administrativa expresa del órgano de contratación, previa a la ejecución, en la que "además de justificarse la utilización de este instrumento excepcional, se expresasen los elementos esenciales del contrato como su objeto, precio o plazo de ejecución".
Creada en 2005, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias es el órgano encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico y velar por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.
También le corresponde asesorar en todo lo relacionado con materias de su competencia a la Junta General del Principado de Asturias y a las entidades locales y, finalmente, ejercer las competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuentas.
