La Sindicatura recomienda controlar la eficacia y la sostenibilidad financiera de los entes del sector público

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias recomienda
complementar las actuaciones de control desarrolladas sobre los entes del sector público autonómico que no forma parte de la cuenta general "con un control de eficacia adecuado y documentado, de tal manera que permita constatar su realización" y "con un sistema de supervisión continua que tenga por finalidad verificar la sostenibilidad financiera del ente y la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación".

Para llevar a cabo este control, la Sindicatura apunta que "cada unidad institucional debería contar con un instrumento de gestión estratégica corporativa, aprobado al más alto nivel en el seno de su organización, que plasmara y desarrollara las líneas estratégicas fundamentales de su objeto social conforme a su acuerdo fundacional y los recursos presupuestarios necesarios para su financiación".

Además, reitera otras recomendaciones, ya señaladas en ejercicios anteriores, como son la agilización de la reforma y actualización del marco normativo en materia económica, financiera y presupuestaria, así como la culminación del procedimiento de liquidación de la Sociedad Desarrollo Integral de Taramundi SA, situación en la que lleva incursa desde el ejercicio 2013.

Así se indica en el informe de fiscalización del órgano de control externo asturiano sobre las unidades del sector público que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras de Comercio, del ejercicio 2019 (22 empresas públicas, 12 fundaciones, 6 entes públicos, 3 cámaras de comercio, 2 entidades públicas y la Universidad de Oviedo y sus dos entes dependientes).

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias aprobó este 30 de junio dicho informe, que tenía como objetivos "verificar el cumplimiento en materia de rendición de cuentas, realizar un análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales y verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones de información en materia contractual como la adecuación a la legalidad de la contratación realizada".

Además, como objetivo específico, se analizó el impacto de la COVID-19 en la auditoría de cuentas de los estados financieros de 2019. Como consecuencia de la pandemia, los plazos para la rendición de las cuentas se ampliaron, de ahí que este informe no pudiera ser aprobado junto con el de la cuenta general de 2019, como sí sucedió en el ejercicio anterior.

La Sindicatura señala que las empresas públicas son las unidades que más información aportan sobre el efecto de la pandemia en sus cuentas anuales (un 85 %). En el extremo opuesto se sitúan los entes y entidades públicas. En estos casos, ninguna de las cinco hace mención alguna al efecto de la pandemia como un hecho posterior, aunque no puede considerarse un incumplimiento de la normativa contable aplicable, ya que el Plan General de Contabilidad Pública, que data de 1996, no incluye entre sus normas de valoración ninguna obligación relativa a incluir información de hechos posteriores.

Las empresas públicas Hoasa, Sedes y Sociedad Inmobiliaria Real Sitio de Covadonga estiman que el impacto económico de la COVID-19 puede ser tan significativo sobre sus estados financieros que pueda llegar a comprometer el principio de empresa en funcionamiento, esto es, que puedan seguir en marcha al menos durante otro ejercicio.

El resto de las unidades que incluyen este hecho posterior en su memoria manifiestan que, si bien puede tener efectos sobre su actividad, no se estima que afecte a la continuidad de su gestión.