OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia, Reto Demográfico e Igualdad, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, han cerrado este lunes la jornada de comparecencias informativas sobre el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias turísticas del Principado de Asturias. Ambos miembros del Ejecutivo autonómico han defendido el tributo al considerar que responde a un modelo de "corresponsabilidad", garantizando que la recaudación repercutirá íntegramente en las arcas municipales de los concejos que decidan aplicarlo voluntariamente.
Llamedo ha destacado la necesidad de gestionar el crecimiento turístico de la comunidad y ha planteado a la Cámara si se pretende "que ese coste lo paguen solo los asturianos" o si se prefiere "que también contribuya quien nos visita".
La consejera ha recalcado que "con esta ley, el vecino sabe que quien llega contribuye" y que la medida busca proteger la convivencia y alejar el riesgo de la "turismofobia". Asimismo, ha recordado que el texto contempla exenciones y establece que el Ente de Servicios Tributarios del Principado asumirá la gestión sin coste para las entidades locales.
Por su parte, el titular de Hacienda ha respondido a las cuestiones de la oposición concretando que la propuesta legislativa configura un "impuesto indirecto" sobre un consumo específico para financiar las externalidades turísticas.
Peláez ha defendido el encaje normativo de la figura impositiva al detallar que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno "regula un impuesto autonómico a la vez que amplía la autonomía financiera de las entidades locales". Según ha argumentado el consejero, la norma fija una bonificación del 100% en la cuota autonómica para que sean los propios ayuntamientos los que libremente decidan si aplican un recargo municipal, apoyándose además en la infraestructura del Ente de Servicios Tributarios para no trasladar costes de gestión a los municipios.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Sandra Camino ha señalado que Asturias no tiene un problema de masificación ni de acceso de visitantes que justifique la creación de un nuevo impuesto.
Camino ha rechazado que se aumente la presión fiscal y las complicaciones burocráticas sobre los usuarios y los establecimientos hoteleros, y ha reprochado al Gobierno autonómico su falta de ejecución presupuestaria en las partidas destinadas al turismo antes de exigir nuevos ingresos a los visitantes.
"Antes de inventar nuevos impuestos, estaría bien que empezaran por cumplir con sus propios objetivos como Gobierno y aprendan a gastar los 50 millones presupuestados en la Consejería de Turismo", ha afirmado.
El diputado del Grupo Parlamentario Vox Gonzalo Centeno ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad contra lo que ha calificado como un "fraude a la normativa fiscal" impulsado por la "voracidad recaudatoria socialista".
Centeno ha sostenido que la iniciativa no tiene encaje con la doctrina del Tribunal Supremo ni con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y ha advertido del impacto del coste administrativo que la medida supondrá para la pequeña y mediana empresa. "Tenemos un truño que no hay por dónde cogerlo, que no sé si lo salvarán los letrados, y no sé si llegará a su aprobación reglamentaria", ha aseverado.
El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha expresado su oposición a la tasa, al considerar que existen mecanismos alternativos para financiar los concejos con mayor afluencia de visitantes.
Pumares ha argumentado que el sector turístico genera unos 475 millones de euros en recaudación, por lo que el problema reside en que estos recursos no llegan a las entidades locales, que han gastado unos 80 millones de euros en la atención al visitante. Asimismo, ha indicado que la presión turística en Asturias es inferior a la media española y resulta "perfectamente gestionable" sin implantar esta tasa.
La diputada socialista Lidia Fernández ha respaldado la tramitación del proyecto normativo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo turístico asturiano. Fernández ha recalcado que el impuesto es de carácter voluntario para los ayuntamientos, no perjudica la desestacionalización --al contar con exenciones entre octubre y mayo-- y busca que quienes visiten la región realicen una aportación "razonable y pequeña" para sostener los servicios y espacios públicos que disfrutan.
Por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha apoyado el proyecto de ley como una herramienta necesaria para que los ayuntamientos puedan dimensionar sus servicios públicos, como la recogida de residuos o el salvamento en playas, en épocas de mayor afluencia sin restar recursos a los residentes.
Aunque ha manifestado que Convocatoria-IU prefería un tributo autonómico de aplicación obligatoria en todo el Principado para evitar competencias entre concejos, ha respaldado el texto que permite la decisión voluntaria a los municipios y ha negado que la tasa reduzca el número de visitantes.
"No hay ningún dato que demuestre ni estudios que en aquellas comunidades autónomas donde se aplica bajan los datos de turísticos o la afluencia. Todo lo contrario, hay comunidades autónomas, como Baleares, que se puso mucho de ejemplo, que siguen subiendo los datos del turismo e incluso se han tenido que tomar otras medidas restrictivas", ha añadido.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha defendido la implantación del impuesto al considerarlo un debate de "justicia fiscal, soberanía municipal y protección del territorio". Tomé ha asegurado que el tributo funciona con "absoluta normalidad" en buena parte de Europa y en otras comunidades autónomas, y ha criticado el "alarmismo" de la derecha frente a una medida destinada a la conservación y mejora del destino.
