Todos los grupos salvo el PSOE respaldan el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias, excepto el PSOE que ha votado en contra, han respaldado este lunes la propuesta final del dictamen de la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña y en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad.

Se abre ahora un plazo de 15 días para la presentación de votos parlamentarios, un plazo que podría incluso acortarse si todos los grupos lo deciden. En todo caso, la previsión es que el dictamen sea aprobado definitivamente en la última sesión plenaria del próximo mes de junio.

El texto incluye a las siete personas que ya estaban en el borrador como responsables y para los que se pide su reprobación. Se trata de los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ambos exconsejeros de Industria.

También figura la exconsejera del ramo Belarmina Díaz, que dimitió del cargo días después del accidente, así como el director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrrollo Económico del Principado de 2020 a 2023 y viceconsejero de la Consejería entre 2023 y 2025, Isaac Pola. Entre las personas a las que se propone reprobar se incluyen tres funcionarios: Alberto Quirino (Jefe de Sección, Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico).

El texto final considera que las siete persona mencionada tienen que ver directamente por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó, según sostiene la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Los impulsores del dictamen esperan que Roqueñí y Fernández sean cesados de sus cargos públicos. En cuanto a los funcionarios, Tomé ha comentado que lo ideal sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos en un periodo determinado.

La reunión ha durado una media hora y, según Tomé, ha servido simplemente para corregir errores formales y ortográficos. Uno de los aspectos que les llevó más tiempo este lunes, ha indicado Tomé, fue el relativo a la toponimia, dado que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación, el Grupo Cerredo.

El documento mantiene además la solicitud de un respaldo económico por parte del Gobierno a las familias afectadas por los accidentes de 2022 y 2025 en la misma mina.

Tras la reunión, el diputado del PP Rafael Alonso ha reiterado que el dictamen sale adelante con una "amplísima mayoría" y ha comentado que se demuestra que la comisión de investigación era "necesaria" y que había "motivos suficientes" para ello. "Hay un reconocimiento de responsabilidades por toda la actuación en relación con esta explotación y al mismo tiempo pues también un reconocimiento a favor de las familias y el establecimiento de líneas de ayudas para poder compensarles", ha indicado. "Ningún asturiano podría entender que no pasara nada tras seis fallecidos en el mismo ámbito físico y empresarial", ha insistido.

Tal y como señaló en la última reunión, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha confirmado que su grupo no va a presentar voto particular, pese a que tenían "mayores ideas" y una lista lás grande de responsables. "Creemos que es una pieza contundente para determinar el ecosistema completamente negligente que permitió que empresas quinquis se instalaran en Asturias y amparados por instrumentos legales dictados para otro fin, lo que se denomina fraude de ley", ha indicado.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dicho que tampoco va a presentar voto particular porque entiende el texto adecuado y que se ajusta a la realidad de lo que aconteció, con una empresa que actuó "con total impunidad".

CONVOCATORIA-IU, DECEPCIONADA CON SU SOCIO DE GOBIERNO

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. En la comisión sobre Cerredo, su voto ha sido distinto. Mientras que el PSOE ha votado en contra, Convocatoria-IU respalda el documento. Su portavoz, Xabel Vegas, ha calificado de "decepción para los asturianos" que los socialistas no hayan querido exigir responsabilides políticas.

A pesar de su posición favorable al dictamen y de mostrarse contento de la "abrumadora mayoría" con la que sale adelante, Vegas no ha descartado la posibilidad de emitir algún voto particular. Ha comentado que es algo que analizarán porque no consideran adecuado que aparezcan funcionarios en el capítulo de responsabilidades políticas. A Convocatoria-IU también le habría gustado que los letrados de la cámara emitiesen un informe jurídico.

EL PSOE DICE QUE EL TEXTO MANTIENE "ERRORES"

Por último, el diputado del PSOE Jacinto Braña tampoco ha aclarado si finalmente su grupo parlamentario va a emitir un voto particular en el plazo mencionado.

Ha justificado su voto en contra del dictamen, argumentando que el documento mantiene los mismos "errores" que al principio, al no corresponderse con el objeto de una comisión de investigación, que debería limitarse a responsabilidades políticas. A juicio de Braña, el documento "no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado".

Además, Braña ha revelado que los servicios jurídicos de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) --en la comisión participan dos letrados, incluido el Letrado Mayor--, han vuelto a advertir este lunes a los diputados sobre ese asunto. Es decir, la reunión no se habría limitado a cuestiones formales, como habían señalado el resto de portavoces.

Preguntado por las observaciones que habían realizado los letrados, el socialista ha afirmado que consistían en que el dictamen, tal y como está, excede del ámbito de la comisión. "Es decir, que se recogen imputaciones, aseveraciones o opiniones que rayan, en algunos casos, en el señalamiento de ilícitos administrativos o incluso penales, y en cualquier caso exceden del ámbito de las responsabilidades políticas. Y bueno, en el texto se ven ahí numerosas alusiones a cuestiones que tienen que ver con aspectos jurídicos y administrativos", ha informado.