Tomé considera que el Gobierno está "obligado" a suprimir el peaje del Huerna

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixta en la Junta General del Principado y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha insistido este miércoles en que el Gobierno de España debe suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66, por "obligación y responsabilidad".

Tomé se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, justo el día en que termina el plazo para que el Gobierno de España responda a la Comisión Europea sobre el dictamen sobre los contratos de la concesión de autopistas.

Según la parlamentaria asturiana la supresión del peaje es algo que se debe a la ciudadanía y ha comentado que no ha de hacerse perjudicando económicamente a los asturiano.

Ha criticado además la responsabilidad compartida de diferentes gobiernos en esta cuestión, tanto del PP como del PSOE, afirmando que son "igual de culpables los unos que los otros".

Tomé ha insistido en que el actual Gobierno tiene la "obligación y responsabilidad" de suprimir este peaje, que considera una consecuencia directa "de la política del gobierno nacional en su momento con Álvarez Cascos de ministro".

PUMARES

El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, también se ha referido a este asunto en su rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Pumares ha expresado que la respuesta del Gobierno ha de ser la de suprimir el peaje del Huerna, algo que está "lastrando" la competitividad del Principado de Asturias. Ha recordado que la Junta General ya se ha pronunciado en ese sentido.

Ha dicho que el rescate del peaje no puede hacerse a costa de otras inversiones pendiente en Asturias. Además, ha recordado que las condiciones para acogerse a las bonificaciones que ha activado el Gobierno son tan "draconianas" que ni siquiera se agotan.

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, y le dio meses para responder y adoptar las medidas necesarias. "De no hacerlo, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", advertía la Comisión.