OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha asegurado que los servicios jurídicos del sindicato ya han comenzado a preparar el recurso contra la sentencia que condena al sindicato por fraude de subvenciones.
En unas declaraciones a los medios, ha explicado que su presentación depende de los plazos que marcan los tribunales, y ha agregado que las personas inicialmente condenadas, entre las que figura el exsecretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, también presentarán recurso. "Están trabajando cada uno con su abogado y la UGT también está trabajando", ha explicado.
Por otro lado, en la comisión parlamentaria que analiza en el parlamento asturiano las cuentas de 2022 compareció este viernes la vicesecretaria general del sindicato, Nerea Monroy, quien fue preguntada por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, sobre si la organización va a poder recibir, tras la sentencia, las subvenciones contempladas.
Monroy ha respondido que no iba a contestar ante una pregunta relativa a "un proceso penal abierto" a su organización y que ella estaba compareciendo para hablar de los presupuestos.
El juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenó en una sentencia al sindicato el pasado 1 de diciembre por un delito de fraude se subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012. UGT tiene que afrontar una multa de 122.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años, según consta en el fallo. La sentencia afecta a ayudas concedidas entre 2010 y 2014.
El juez explicó que tanto el sindicato UGT Asturias como la Fundación IFES, venían accediendo desde hacía tiempo como beneficiarios a subvenciones públicas que con carácter anual eran ofertadas a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y destinadas a la realización de programas de acciones de formación para el empleo. Cuando el beneficiario resultaba ser el sindicato, éste encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, en lo que a lo investigado se refiere, principalmente a IFES.
La sentencia establece que el que fue secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga entre los años 2000 y 2016, la exsecretaria de Administración de la organización y el secretario de Formación llevaron a cabo "en actuación concertada" una operativa orientada al "sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos".
Eso les permitía obtener, con cargo a dichas subvenciones recibidas, beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas. Esa "actuación fraudulenta" fue facilitada por el control que UGT ejercía sobre la delegación territorial de IFES, contando con la necesaria colaboración del órgano gesto rde la fundación y de ciertos empleados de entidades implicadas.