Vox pide al gobierno de Avilés que aclare cuándo aplicará las multas de la ZBE tras el cambio normativo

Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 18:26

   AVILÉS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés ha pedido al gobierno local que aclare cuándo comenzará a imponer sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), qué vehículos se verán afectados y cómo piensa adaptar la ordenanza municipal tras la reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros. La formación sostiene que el cambio normativo puede adelantar la aplicación de las multas, que el Ejecutivo local había situado en 2028.

   La portavoz de Vox, Arancha Martínez, ha acusado al gobierno municipal, del PSOE, de haber "mentido doblemente a los avilesinos" al prometer que retrasaría las sanciones hasta 2028. Según la edil, la nueva regulación impide establecer periodos transitorios que retrasen su efectividad y obliga a los ayuntamientos a acreditar documentalmente el funcionamiento de sus zonas de bajas emisiones.

   La formación considera que la moratoria anunciada por el Ayuntamiento no constituía una garantía para los vecinos, sino que dependía de las decisiones adoptadas por el Gobierno central. Martínez ha recordado además que Vox llevará la ordenanza de la ZBE a los tribunales y ha afirmado que el cambio normativo deja sin efecto el calendario anunciado por el Ejecutivo local.

   La portavoz ha criticado también el impacto que, a su juicio, tendrá la zona de bajas emisiones sobre los propietarios de vehículos antiguos, los trabajadores, autónomos y jubilados que no pueden asumir el coste de cambiar de coche. Vox considera que la medida perjudica especialmente a las personas con menos recursos, dificulta el acceso al centro y puede afectar al pequeño comercio.

   El grupo municipal llevará al próximo pleno tres preguntas sobre la aplicación de la ZBE: si el Ayuntamiento adelantará la entrada en vigor de las sanciones, qué vehículos y vecinos estarán afectados y qué financiación podría estar en riesgo si la ordenanza no se adapta a la nueva regulación.

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