Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo
OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido en la Junta General el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, una iniciativa con la que el Gobierno autonómico busca dotar a la comunidad de un marco estable de garantías para que la ciudadanía pueda intervenir en los asuntos públicos de manera permanente.
Durante su comparecencia informativa en la Junta General, el consejero ha subrayado que "la democracia representativa y la participación ciudadana son complementarias, no son excluyentes para nada". Según ha argumentado, las instituciones tienen la responsabilidad de tomar decisiones y responder por ellas, pero también deben facilitar que los ciudadanos aporten sus experiencias, conocimientos y propuestas a las políticas que afectan a sus vidas, entendiendo que "la democracia no se agota en el ciclo electoral".
Zapico ha destacado el proceso de elaboración del texto, basado en el diálogo con entidades y con la colaboración de la Universidad de Oviedo, evitando elaborar una ley "desde un despacho y abrir después un periodo de alegaciones". Asimismo, ha recalcado la necesidad de escuchar a quienes conocen las dificultades de participar en pueblos, barrios y ciudades, algo "especialmente importante en Asturias, donde la distancia, la accesibilidad o la brecha digital pueden convertirse en barreras".
El proyecto incorpora instrumentos concretos como la participación en la elaboración de normas, la iniciativa reglamentaria popular, presupuestos participativos, consultas ciudadanas no referendarias, foros y jurados ciudadanos. Además, contempla herramientas digitales, medidas de formación y la creación del Consejo de Participación Ciudadana. El consejero ha anunciado que en las próximas semanas se presentará "un nuevo portal de participación ciudadana, más accesible, más cercano y más efectivo".
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Manuel Cifuentes ha denunciado que el texto ha ido "perdiendo garantías" y ha quedado "bastante descafeinado" a medida que avanzaba su tramitación desde el anteproyecto al proyecto definitivo. Cifuentes ha criticado la falta de independencia del Consejo de Participación Ciudadana, al advertir de que "el consejero se reserva el nombramiento de los miembros del consejo, incluido el presidente" y que sus informes ahora se canalizan a través de la Consejería en lugar de remitirse directamente a la Junta General.
Además, ha advertido sobre la ausencia de una estimación de costes real en la memoria económica, la creación de una oficina de apoyo sin criterios definidos y los riesgos de aplicar el silencio positivo en las iniciativas ciudadanas, concluyendo que al PP no le vale un modelo de "más burocracia participativa controlada por una consejería y engordar la Administración a saber con quién y todo ello sin control legal alguno".
El diputado del Grupo Parlamentario Vox Javier Jové ha criticado la iniciativa al considerar que "esta es una ley de quien sabe que va a perder las próximas elecciones" para crear "una estructura no democrática". "Esto es una ley que viene a suplantar a los representantes políticos elegidos democráticamente", ha afirmado.
Para Jové, el proyecto busca "secuestrar las instituciones democráticas y sustraer y robar la democracia a un millón de asturianos para entregársela a 6.000 activistas" a los que "nadie ha votado". Ha insistido en que la norma representa "una maniobra de quien sabe que va a perder las elecciones" para "adueñarse del sistema" y "saquear las cuentas públicas y vivir muy confortablemente de subvenciones".
Jové también ha hecho hincapié en el coste de la norma, recordando que la propia Viceconsejería de Presupuestos ha advertido de que "no resulta posible evaluar adecuadamente el posible impacto presupuestario" por la falta de datos reales.
Ante las dudas planteadas sobre el coste de la iniciativa, la directora general de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez, ha asegurado que el proyecto de ley, tal y como está redactado, "no tiene por qué tener ningún gasto adicional". Ha aclarado que la memoria económica a la que aludía la oposición se correspondía con un borrador inicial y ha enfatizado que las necesidades del proyecto "se pueden solventar de maneras múltiples" con el presupuesto ya existente en el área de participación.
Frente a las acusaciones de Jové, Zapico ha cargado contra el modelo defendido por Vox, espetando al parlamentario que "sus correligionarios de la extrema derecha se dedican a intoxicar y a llenar de bulos frecuentemente las redes sociales". "Contra eso también tenemos que combatir, esta ley es una buena forma también de favorecer la participación ciudadana y hacer que aflore la verdad y la transparencia", ha aseverado.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA
Desde el Grupo Parlamentario de Convocatoria por Asturies, la diputada Delia Campomanes ha subrayado que la norma abra el espacio de participación "desde los 16 años" y ha puesto en valor el proceso participativo desplegado. "Frente a la desafección, la resignación y la distancia entre ciudadanías e instituciones, nuestra respuesta es más democracia, más transparencia", ha remarcado.
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Monchu García ha salido al paso de los ataques de Vox argumentando que "piensa el miserable ladrón que todo el mundo es de su condición". García ha defendido que la participación "siempre va a ser política" y requiere "querer, saber y poder", subrayando que financiar la participación "no es un saqueo, sino una vía para fortalecer la democracia". "La ley busca regular herramientas para que la ciudadanía, los ciudadanos, que es lo que queremos algunos, y no los administrados, que parece que es lo que quieren otros, participen y complementen este desarrollo democrático", ha añadido.
