SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes ha organizado una concentración en el Ayuntamiento de Santander para mostrar su rechazo al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés).
Según ha recordado el colectivo durante la lectura de un manifiesto con motivo de la convocatoria, se trata de un tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
La Plataforma, que también rechaza el CETA (Tratado Canada-UE) y el TISA (tratado que afecta a los servicios públicos), defiende los servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte, las pensiones*, que a su juicio están siendo "objeto de negocio para las grandes empresas". "Y donde antes había becas ahora habrá créditos, donde había pensiones públicas habrá fondos privados y la cobertura sanitaria pública se convertirá en seguros privados", contrasta el colectivo.
En este sentido, vaticina que harán "negocio" con estos servicios "los fondos buitre, los grandes bancos y las grandes empresas". Pero "lo más alarmante es que en lugar de negociar qué servicios públicos se propondrán para ser privatizados, se ha optado por hacer una lista negativa, es decir, el principio es que todos los servicios públicos son privatizables y si se quiere que alguno no entre en la lista, hay que decirlo expresamente", apostilla el colectivo.
En el mundo del trabajo, el TTIP representa una "amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores, favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales". Además, la Plataforma alerta que el tratado "restringe el derecho de sindicación y de huelga", al tiempo que "cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas".
"Los derechos medioambientales*están también amenazados", subraya el colectivo, para poner de manifiesto que "la propia Comisión Europea advierte que puede haber riesgos para los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad".
Otros derechos, como el de libre circulación de las personas, el derecho a la información o al respeto a la privacidad se verá igualmente "afectado".
Además, la inclusión de un capítulo sobre protección de las inversiones "amplía las posibilidades de que la fractura hidráulica, -fracking-, sea una realidad en Europa".
Pero, lo "peor" es la pretensión de instaurar el (ISDS), Mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y Estados, que permitirá a las grandes corporaciones y empresas "denunciar a los gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras".
"Habrá tribunales especiales, formados por tres abogados privados, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional, y al que solo podrán recurrir los inversores. Sus fallos serán inapelables. Los acuerdos de libre comercio anteponen el lucro frente a los derechos e intereses de las personas. Tenemos la experiencia del NAFTA (tratado entre EEUU, Canada y México)", señala el colectivo para, por todo lo anterior, exponer su "no" al TTIP.
