CANTABRIA.-Nuevas Generaciones respalda la acción del Gobierno de Cantabria contra el fracking

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Cantabria, Javier Fernández Soberón, ha expresado este miércoles el respaldo de esta organización juvenil a la acción que el Gobierno de Ignacio Diego está desarrollando para evitar que el fracking se lleve a efecto en el territorio de esta comunidad autónoma.

Fernández Soberón ha destacado en un comunicado el "decidido compromiso del Ejecutivo del PP en contra de la técnica de la fractura hidráulica" que, a su juicio, no sólo demostró el pasado mes de abril impulsando una Ley para prohibir la utilización de esta técnica en la región, sino más recientemente anulando el permiso de investigación 'Arquetu', concedido por el anterior Ejecutivo en marzo de 2011.

"Felicitamos al actual Gobierno de Cantabria por este acuerdo y reprochamos la actitud de los responsables políticos que un día dieron el permiso y meses más tarde se manifestaron en contra de él", ha señalado el presidente de NNGG, subrayando que "el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, que concedió el permiso de investigación 'Arquetu' sin saber que era el fracking, pudo haberlo denegado utilizando las mismas razones que ahora han servido al Ejecutivo del PP para estimar los recursos presentados contra dicho permiso".

NNGG Cantabria ha agradecido al presidente regional y del PP, Ignacio Diego, su "tajante postura en defensa de los intereses de los cántabros y de Cantabria", al hacer valer todos los argumentos jurídicos que proporcionen las leyes autonómicas y aplicar "con todo el rigor" la legislación urbanística para oponerse al fracking.

En este sentido, la organización juvenil del PP ha señalado que, pese a la suspensión cautelar de la ley cántabra que prohíbe el fracking hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Administración del Estado, el Gobierno tiene otros mecanismos para evitar la fractura hidráulica como es la Ley de Suelo de Cantabria, competencia en la que el Gobierno central "no tiene potestad", y ya "ha demostrado que está dispuesto a utilizarlos".