Archivo - Aula en un centro escolar de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se autoriza la Oferta de Empleo Público de 2026 correspondiente a la tasa de reposición de efectivos de los cuerpos docentes de la Comunidad Autónoma con un total de 224 plazas de nuevo ingreso para atender las necesidades derivadas de las vacantes que se han producido en el sistema educativo.
Según ha informado el Ejecutivo, están distribuidas entre distintos cuerpos educativos e incluyen profesorado de Enseñanza Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesorado de sectores singulares de Formación Profesional.
Además, el decreto incorpora cinco plazas de promoción interna para el Cuerpo de Inspectores de Educación, con el fin de favorecer el desarrollo profesional dentro de la función pública docente y cumplir las previsiones legales.
La norma prevé, asimismo, la reserva de un cupo específico para personas con discapacidad y garantiza las medidas de adaptación necesarias para su participación en condiciones de igualdad en los procesos selectivos. Las plazas incluidas en esta oferta serán objeto de convocatoria dentro de los plazos legalmente establecidos.
OFICINA FISCAL
Por otra parte, en el ámbito de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Consejo ha autorizado el decreto por el que se determina la estructura y organización de la Oficina Fiscal de Cantabria con el objetivo de adaptar su funcionamiento a las previsiones de la nueva normativa estatal en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y reforzar los instrumentos de apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal. La norma define el marco organizativo que servirá de soporte a la Fiscalía en la Comunidad Autónoma.
El nuevo modelo organizativo se articula en tres áreas funcionales: apoyo a la jefatura, soporte general y apoyo procesal y a la investigación. Asimismo, se regula la figura del coordinador de la Oficina Fiscal, responsable de la organización y gestión interna, así como otros puestos especializados orientados al control de registros, estadísticas y calidad de la información.
La regulación persigue mejorar la coordinación, la eficiencia y la racionalización de los recursos al servicio de la Administración de Justicia, incorporando instrumentos como protocolos de actuación, sistemas de gestión de calidad y mecanismos de colaboración con la Oficina Judicial y otras instituciones relacionadas con la actividad fiscal.
El decreto establece, además, las bases para la futura ordenación de los puestos de trabajo de la Oficina Fiscal mediante las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, garantizando una estructura homogénea y adaptada a las necesidades de la Fiscalía Superior y de las secciones territoriales de Torrelavega y Laredo. Su entrada en funcionamiento se producirá una vez culminen los trámites organizativos previstos.
También en este ámbito, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar de contratación centralizada el futuro contrato del servicio de telecomunicaciones para la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para poder gestionar de forma unificada la contratación de estos servicios para la Administración General y sus organismos autónomos.
La decisión afectará a la Administración General de la Comunidad Autónoma, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y el resto de organismos autónomos dependientes del Ejecutivo autonómico, excepto el Servicio Cántabro de Salud.
En el área de omento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la empresa pública GESVICAN de la gestión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional, un recurso de apoyo especializado destinado a atender a personas y unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial o en riesgo de pérdida de su vivienda habitual.
El encargo tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros dos años, y contará con una financiación de 631.436 euros.
Desde la puesta en marcha del servicio y hasta diciembre de 2025, se han realizado 3.727 actuaciones de atención al público y se han gestionado 775 casos efectivos, de los que 567 correspondieron a situaciones de emergencia habitacional y 208 a procesos de intermediación hipotecaria.
