El 41,4% de los cántabros vive en hogares con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, según Gestha

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La crisis ha hecho aumentar en 25.365 el número de personas adultas que viven en situación de precariedad en Cantabria, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), presentado este viernes en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en Cantabria -que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos- se sitúa en el 41,4% de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 245.543 personas.

De esta forma, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas de los hogares mileuristas en Cantabria se concentran, sobre todo, entre los asalariados, que suman 198.318, seguidos por los adultos sin ingresos (24.294) y los autónomos (22.932).

La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor proporción de adultos mileuristas y sin ingresos, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.

GESTHA denuncia que desde finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco.

De hecho, estiman que Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%. Según GESTHA, esta cantidad "es solo la punta del iceberg que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación; y las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco".

LAS CLASES MEDIAS Y BAJAS SOPORTAN MÁS CARGA FISCAL

Añade que los contribuyentes más pudientes también han evitado tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF, declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de diciembre de 2011 era del 21%, aunque el nuevo tipo máximo para estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados por su trabajo, que va desde el 24,75% hasta el 52%.

Con todo, GESTHA valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir la especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la progresividad del IRPF.

Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado, añade, los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que "han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores".

PROPUESTAS

Para contrarrestar esta situación de precariedad, GESTHA propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales -de los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco- y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.

Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.

Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, GESTHA también defiende la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.

Sin embargo, consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.

Pese a estar a favor del Impuesto de Patrimonio, los Técnicos de Hacienda consideran que hasta ahora su aplicación ha sido poco efectiva por las vías de escape de las grandes fortunas y por las políticas existentes en las diferentes comunidades autónomas.

En este sentido, el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, señaló que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".

Además, GESTHA puntualiza que para ser efectivas, todas estas medidas deberían ir acompañadas de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de Hacienda, y posteriormente dotándoles de más efectivos en la lucha contra el fraude. Actualmente, explica, la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

Según GESTHA, "una prueba de la ineficacia de la Agencia Estatal Tributaria está en que buena parte de las 2,9 millones personas adultas sin ingresos sobreviven con trabajos dentro de la economía sumergida, y esa cifra no para de aumentar, alentada por el aumento del paro y de la impunidad en que se mueven las empresas del país".