Afectados de Hermanos Calderón afirman que existen vías legales para adquirir las viviendas y garantizar su continuidad

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las Viviendas de Hermanos Calderón ha asegurado que existen "vías legales" para adquirir las viviendas y garantizar la continuidad de sus actuales residentes.

Así lo ha señalado la Plataforma este lunes en un comunicado, después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, señalara que el Ayuntamiento no se puede "permitir económicamente" comprar estas viviendas ni adjudicarlas "exactamente" a los afectados porque es "ilegal".

Sin embargo, la Plataforma ha asegurado que la posibilidad de intervención pública en la compraventa de estas viviendas "no era una opción jurídicamente descartada".

Según señala, el propio reglamento de adjudicación de las promociones de vivienda asequible de la Obra Social de 'La Caixa' "contemplaba expresamente posibles derechos de opción y retracto de las administraciones públicas".

Así, se ha referido al Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el PP, el cuál "ejercitó el derecho de tanteo sobre otra promoción de InmoCaixa, adquiriendo 78 viviendas e incorporándolas a su parque público municipal".

Según sostiene, de haberse articulado en Santander una actuación "semejante" cuando se produjo la transmisión de las viviendas, "habría permitido estudiar su adquisición a un coste considerablemente inferior al actual y preservar su finalidad social".

En cuanto al coste económico de la posible adquisición, la Plataforma entiende que se trata de una cuestión presupuestaria y de "prioridades" municipales, pero "no de una imposibilidad jurídica".

En este punto, indica que "los propios estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander contemplan expresamente entre sus facultades la adquisición de bienes inmuebles".

Además, añade que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria "también dispone de instrumentos para participar o colaborar en una operación de estas características", por lo que solicita a ambas administraciones que exploren conjuntamente las fórmulas de financiación y adquisición que permitan superar las posibles "limitaciones" presupuestarias.

En cualquier caso, subraya que "no estaríamos hablando de un gasto sin retorno patrimonial, sino de una inversión que incorporaría cerca de un centenar de viviendas al parque público, al tiempo que permitiría ofrecer una solución habitacional a cerca de un centenar de familias".

Respecto a garantizar la continuidad de los actuales residentes, traslada que, en caso de adquisición, "el nuevo propietario se subrogaría en los contratos de arrendamiento vigentes conforme a la legislación aplicable y, conforme estos fueran venciendo, podrían articularse los mecanismos legales de renovación o continuidad residencial, respetando los requisitos y procedimientos correspondientes".

En este sentido, ha destacado que "estas familias accedieron en su momento a las viviendas mediante un procedimiento reglado, acreditando los requisitos económicos y sociales exigidos para una promoción de alquiler asequible".

"No estamos solicitando una adjudicación arbitraria ni un privilegio, sino preservar la finalidad social de unas viviendas que nunca debieron perderla", ha manifestado.

Por todo ello, la Plataforma solicita una reunión con la alcaldesa de Santander y apela a la Consejería de Vivienda para que ambas administraciones abran una vía de colaboración y estudien de manera efectiva las distintas fórmulas de adquisición y continuidad residencial.

"Nuestra voluntad es encontrar una solución conjunta que permita a estas familias permanecer en sus hogares", ha sentenciado.