SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por sentencias de derribo en Cantabria, inicia este martes, 20 de noviembre, una ronda de contactos con partidos políticos, instituciones y asociaciones con el fin de "solicitar, acordar o impulsar" cambios legislativos necesarios en materia urbanística "para proteger a los ciudadanos, a terceros de buena fe y a aquellos que las propias administraciones públicas están maltratando".
Los primeros contactos serán con los grupos del Parlamento de Cantabria y comenzarán a las 11 horas con el PRC, para seguir a las 11.30 con el PSOE y a las 12.00 con el PP, ha informado la asociación en un comunicado.
La asociación también tiene previsto mantener una reunión con el Gobierno de Cantabria la próxima semana, en la sede del Ejecutivo; y el día 28, en Madrid, con el Ministerio de Fomento, así como con los diferentes grupos del Congreso de los Diputados y con representantes de la Comisión de Fomento.
A estas reuniones asistirán también representantes del Parlamento de Cantabria y de los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo.
En diciembre y enero continuarán los sindicatos y empresarios de Cantabria, así como con representantes del poder judicial, asociaciones, como la de afectados por la Ley de Costas, y grupos ecologistas.
Entre las propuestas que AMA presentó en el Congreso de los Diputados hace casi un año figuran que tenga ámbito estatal la Ley 2/2011 de 4 de abril por la que se modificó la ley del suelo de Cantabria en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística; el pago de la hipoteca con la entrega viviendas, eliminación de clausulas suelo "abusivas", y apoyo y asistencia social a los afectados y modificaciones de la ley hipotecaria.
También abogan por protocolos de actuación de las administraciones públicas, "igualdad de armas" en los procesos administrativos y judiciale; medidas contra la corrupción urbanística, límite entre la diferencia de coste y venta de las viviendas para evitar la especulación; registro de demandas público y obligatorio; o regularización de las viviendas con sentencias de derribo para terceros de buena fe, por el interés general, cuando los condenados sean las administradas públicas.
