Mazón adelanta que el ministro de Fomento ha convocado a las CCAA a una Conferencia Sectorial de Vivienda el 15 de diciembre
SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha avanzado este lunes en el Pleno que el borrador de los presupuestos para 2017 diseñado por el Gobierno de Cantabria contempla 4,6 millones de euros para ayudas al alquiler.
Para Mazón, esta cantidad, que además se plantea que sea "ampliable", es una "buena garantía" de que las personas que necesitan esas ayudas "las van a tener" y a quienes ha asegurado que la política de vivienda en la que se incluyen éstas es una "prioridad" del bipartito.
Así lo ha señalado en una interpelación del diputado del PP Francisco Rodríguez Argüeso sobre los pasos que está dando el Ejecutivo regional para garantizar las ayudas al alquiler el próximo año y los siguientes.
Tras recordar que el Estado ya ha avanzado su intención de prorrogar el decreto de ayudas al alquiler que finalizaría el próximo 31 de diciembre, ha indicado que desde la Consejería ya se está trabajando en la modificación del decreto regional y contemplará el pago de ayudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.
Rodríguez Argüeso, en su exposición de la interpelación, ha instado al Gobierno cántabro a trabajar para "intentar captar la mayor cantidad de ingresos" del nuevo Plan de Vivienda que elabore el Estado porque, ha dicho, en el último y gracias a un convenio bilateral firmado por el Ejecutivo regional del PP, llegaron a Cantabria 4,1 millones de euros.
En este sentido, Mazón ha indicado que este mismo lunes ha recibido una carta del nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en la que se convoca a Cantabria y al resto de Comunidades Autónomas a una Conferencia Sectorial de Vivienda el próximo 15 de diciembre, en la que espera que se hable de los convenios vigentes.
Por otro lado, el titular de Vivienda ha avanzado al diputado 'popular' que la intención del Gobierno regional para el próximo año es continuar mejorando la gestión de las solicitudes de las ayudas al alquiler e incluso adelantar la calificación de las mismas a marzo-abril.
Además, ha destacado que, una vez resueltas, se pagarán los meses vencidos y se tratará de "volver a intentar pagar mes a mes como se hacía en la legislatura 2007-2011".
Mazón ha recordado que este año 2016 se presentaron un total de 4.422 solicitudes, de las que se admitieron un 77,84%. El importe medio del alquiler ha sido de 344 euros y el importe medio de la subvención de 149 euros.
Ha dicho que estas ayudas, con un crédito autorizado de 4,2 millones y de los que ya se han realizado pagos por 2,9 millones "hasta el momento", han beneficiado a un total de 8.089 personas, con una media de 2,36 personas por unidad familiar. De ella, el 77% eran españoles y el resto extranjeros.
FAMILIAS MONOPARENTALES CON DOS HIJOS COMO NUMEROSAS
Por otro lado, el Parlamento de Cantabria ha instado al Gobierno del Estado a ampliar la condición legal de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo y establecer medidas fiscales específicas para éstas.
La diputada regionalista Matilde Ruiz ha defendido la proposición no de ley, que ha calificado que plantea un reconocimiento que es "cuestión de justicia e igualdad de oportunidades" para unas familias que son "más vulnerables" y que suponen ya el 10% de los casi 18 millones de familias que hay en España.
A iniciativa del PRC, pero con la inclusión de varias enmiendas trasacionales de Ciudadanos, Podemos y PSOE, la propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto del PP, que también habían presentado una enmienda que no se ha aceptado y que, por ello, se ha abstenido.
La diputada 'popular' María José Sáenz de Buruaga ha explicado que su grupo no está de acuerdo con "desvirtuar" el concepto de familia numerosa y cree que las monoparentales tienen una "realidad diferente" que requiere de atenciones específicas.
Sáenz de Buruaga ha criticado que, aunque el PP quiere seguir "avanzando en la protección" de este tipo de familias, la proposición no de ley lo único que hace es pedir medidas al Estado y no al Gobierno regional, que sigue "sin hacer nada" al respecto.
