SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)
Cinco de los 17 acusados de alterar el censo electoral del concejo de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio) en las elecciones del 25 de mayo de 2003 han declarado hoy ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria que IU les ofreció "una vivienda gratis" a cambio de empadronarse en dicha localidad.
Celia Seco Ortega, alcaldesa pedánea por IU en aquella época y principal acusada, afirmó que ella no tenía competencias "sobre el padrón municipal", y que simplemente ofreció a ocho "familiares" que se inscribieran en el padrón con vistas a poner entre todos "una casa rural" y poder, así, optar a "subvenciones".
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Seco Ortega y una multa de 6.750 euros por considerarla responsable de la presunta estafa a la Ley de Régimen Electoral, mientras que para los otros 16 acusados pide penas que van entre un año y seis meses de cárcel, además de una multa para cada uno de 3.600 euros.
La ex alcaldesa pedánea explicó a preguntas de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, que en las elecciones de 1999 salió reelegida por "un voto" frente al PSOE.
Además, indicó que desde que el socialista Carmelo Hijosa es alcalde del Campoo de Enmedio se viene produciendo "un fraude y una estafa no sólo a nivel electoral", sino en "la distribución de los pastos comunales", teniendo pendiente "un recurso contencioso" por este motivo.
"Yo no he dado de alta a nadie --en el padrón de Celada-- porque no tengo competencias", reiteró varias veces Seco Ortega, solicitudes que según la Fiscalía "fueron autorizadas" por ella aunque esas 16 personas fueron dadas de baja de oficio en el padrón municipal el 15 de mayo de 2003, ante el temor de un fraude electoral.
Ocho familiares directos de la ex alcaldesa pedánea -Bernabé R.M., Álvaro R.G., Rubén R.G., Miguel G.G., Milagros G.O., Micaela O.R., Clementina G.O. y Silvia Mabel G.O.- corroboraron la versión de ésta en el sentido de que decidieron darse de alta por decisión propia en dicha localidad para levantar entre todos "una casa rural".
Además, los ocho -que vivían en otras localidades y municipios cántabros- indicaron que pasaban largas temporadas en la casa que Seco Ortega posee en Celada, donde la ayudaban con "las vacas" y otras tareas rurales, declarando los ocho que se inscribieron ellos mismos en el Padrón del Ayuntamiento, y no por intercesión de su familiar. En este sentido, la mayoría dijo que en esas elecciones ni votaron.
LA DECLARACIÓN DEL HERMANO, A PUERTA CERRADA
El único familiar que adujo otra razón para inscribirse en el padrón de Celada fue un hermano de la acusada, Miguel S.O., quien tiene el domicilio habitual en Getxo (Vizcaya), quien afirmó que él no quería formar parte del negocio de hostelería familiar (que no llegó a realizarse) pero que tenía "razones personales" que quería transmitir directamente al Tribunal.
El presidente de la Sala, Miguel de la Hoz, contestó que "esto no es el 11-M" y que "el juicio es público", si bien dio la oportunidad a su abogado de pedir la declaración a puerta cerrada, pero con la presencia de los otros acusados.
Tras la declaración de este empresario, la Fiscalía, a preguntas de los periodistas, confirmó que las razones para declarar a puerta cerrada estaban relacionadas con vivir en "el País Vasco", es decir, que guardaban algún tipo de vinculación con ETA.
"IU TENÍA UN PROBLEMA Y NOS EMPADRONAMOS"
Otro de los acusados, Bernardo G.A., afirmó que decidió empadronarse en Celada Marlantes porque "unos conocidos de IU" le ofrecieron compartir con otras personas una vivienda, que presuntamente era propiedad de la ex alcaldesa, distinta de la que vivía ella.
"Había una vivienda bien dotada para quien fuese a vivir allí", afirmó. A continuación, el fiscal le interpeló: "¿era condición empadronarse?, a lo que el acusado respondió con un rotundo "sí".
Bernardo G.A. se lo comentó "a otros amigos" con el fin de poder pasar temporadas en esa casa de Celada, que tenía tres pisos, lo que fue confirmado por otros cuatro acusados, amigos entre sí.
"IU me dijo que me daban una vivienda gratis", afirmó Manuel O.V., quien no precisó los nombres de las personas que se lo ofrecieron, aunque descartó a Seco Ortega, al igual que los demás.
Fue Francisca F.V., otra acusada de este círculo de amigos entre ellos, que no de la ex alcaldesa pedánea, quien declaró que "parecía ser que IU tenía un problema y nos empadronamos". Fue entonces cuando el fiscal le preguntó por dicho problema, que la mujer achacó a un conflicto "con otra fuerza política".
La última en declarar fue una amiga personal de la principal acusada, quien adujo que se empadronó porque le "había salido un trabajo" cerca de Celada, no personándose uno de los procesadas por enfermedad.
El juicio se retomará mañana, a las 9.30 horas, con los testigos, entre los que figuran el delegado provincial de Estadística y el alcalde de Campoo de Enmedio.