SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria solicita al Senado una convocatoria "urgente y extraordinaria" de la Comisión General de Comunidades Autónomas para tratar de "paralizar" las medidas de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que tienen que entrar en vigor el próximo mes de septiembre.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, pedir al Senado esa convocatoria para que la LOMCE "se analice por todas las Comunidades Autónomas y se puedan adoptar los acuerdos oportunos para paralizar el calendario de aplicación de esta Ley".
"Este es uno de los objetivo que tenemos en el Gobierno de Cantabria", ha señalado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.
Cantabria quiere que la LOMCE se aborde "cuanto antes" en esa Comisión en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas y, por ello, Díaz Tezanos ha explicado que el Gobierno regional pide su "convocatoria extraordinaria".
Cuestionada por si la Comunidad puede individualmente hacer algo para paralizar la LOMCE, ha indicado que el Ejecutivo está "analizando si es posible paralizar una parte importante de las medidas que tendrían que entrar en vigor en el mes de septiembre".
En este sentido, ha avanzado que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, se reunirá la próxima semana con el Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, al que "pondrá encima de la mesa la necesidad urgente de paralizar esta Ley".
Díaz Tezanos ha dicho que la LOMCE "está muerta ya en estos momentos puesto que hay ya un acuerdo de todas las fuerzas políticas de nuestro país para que se derogue en los primeros seis meses de la próxima legislatura", por lo que sería "una torpeza y un error" implantarla ahora.
De no llegar a implantarse, la vicepresidenta cántabra ha avanzado que desde el Gobierno regional se intentará que no afecte a las familias que ya hayan adquirido los nuevos libros de texto, algo que ya está analizando el titular de Educación con las organizaciones sindicales y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA).