Cantabria prevé 5 millones hasta 2031 para modernizar sedes judiciales y una nueva para el Instituto de Medicina Legal

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria proyecta más de 5 millones de euros para mejorar, modernizar y adecuar las sedes judiciales de la región. El plan de inversiones, hasta 2031, contempla actuaciones en once edificios de todos los partidos y la construcción de nuevas dependencias para el Instituto de Medicina Legal.

Se lo ha trasladado este martes la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, a representantes de los sectores profesionales vinculados a la Administración de Justicia con los que el Ejecutivo suscribió hace casi dos años -el 12 de julio de 2024- el Pacto para la Justicia de Cantabria.

En una reunión de seguimiento del acuerdo, la también titular de Presidencia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha destacado el "importante avance" logrado en el cumplimiento de los compromisos recogidos en el documento.

Y además de presentar a los firmantes del mismo el balance de ejecución de las medidas adquiridas, les ha avanzado el proyecto de Plan de Inversiones en Infraestructuras Judiciales 2027-2031, que incorporará inversiones en las oficinas de justicia en los municipios para reforzar la proximidad y accesibilidad de este servicio público.

La mejora de las infraestructuras es uno de los compromisos incluido en el pacto y el documento será sometido a las aportaciones y sugerencias de los firmantes antes de su aprobación definitiva por el Gobierno, prevista en el último trimestre del año.

En el encuentro, Urrutia ha subrayado que gran parte de los esfuerzos realizados en los dos últimos años se han centrado en la implantación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025. Esta transformación ha supuesto para Cantabria una inversión de 2,4 millones que el Gobierno regional ha asumido "en solitario", por lo que reclamará este coste al Ministerio.

Pese a este "abandono" del Estado, la consejera ha valorado que Cantabria ha "culminado con éxito" la implantación de la nueva Oficina Judicial en todos los partidos y ha apuntado que afronta ahora "una segunda fase de consolidación y mejora del sistema".

Y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la modernización de la justicia y ha asegurado que el plan de inversiones permitirá "seguir mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos".

AVANCE DEL RESTO DE COMPROMISOS.

Según el balance de ejecución del Gobierno, de los doce grandes compromisos incluidos en el Pacto para la Justicia --articulados en tres ejes: dotación de medios humanos y materiales, mejora de la gestión administrativa e impulso a los servicios judiciales--, la mayoría están "cumplidos" o en "elevado grado de cumplimiento".

Entre las medidas ya cumplidas figura los requerimientos al Ministerio para la creación de nuevas unidades judiciales y la puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander. También el Gobierno de Cantabria ha reforzado plantillas en distintos órganos judiciales y se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo de todas las oficinas judiciales de la comunidad.

Además, ha realizado obras de adaptación y reordenación de espacios al nuevo modelo de oficina judicial en los partidos de Santander, Santoña, Castro Urdiales y Medio Cudeyo.

Y dentro del actual plan de inversiones que se está ejecutando, destacan los trabajos de eficiencia energética que afectan al complejo judicial de Las Salesas de Santander, que suponen una inversión de más de 640.000 euros para la renovación del sistema eléctrico y la carpintería.

Asimismo, se ha completado el despliegue del expediente judicial electrónico, con una ejecución superior al 81 por ciento de los fondos europeos asignados y la implantación de nuevas herramientas digitales para avanzar hacia una Administración de Justicia sin papel.

TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN.

En materia tecnológica y organizativa, el Ejecutivo ha culminado la implantación de las reformas previstas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal, incluyendo la adaptación del sistema de gestión procesal VEREDA al nuevo modelo.

También se ha cumplido el compromiso relativo al despliegue del nuevo Registro Civil, con la implantación de la aplicación DIGIREG en todas las oficinas, la digitalización de los libros registrales posteriores a 1960 y la adaptación de las estructuras organizativas a la Ley 20/2011.

La formación del personal en el manejo de las herramientas tecnológicas es también uno de los compromisos ya ejecutados y en proceso de continua potenciación, mediante programas específicos dirigidos a jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como la puesta en marcha de nuevas acciones formativas permanentes.

En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el Gobierno ha actualizado los módulos y baremos del turno de oficio y ha incorporado compensaciones para actuaciones vinculadas a los medios adecuados de solución de controversias. Además, ante el "incumplimiento" del compromiso del Ministerio de reformar la Ley de asistencia jurídica gratuita, la Consejería ha retomado la tramitación de la regulación autonómica.

MEDIDAS QUE SE ULTIMAN.

Además, el Gobierno ultima otras líneas de trabajo incluidas en el pacto, como la revisión de la normativa autonómica de personal al servicio de la Administración de Justicia. Respecto a la Oficina Fiscal, el decreto autonómico está ya "muy avanzado", sólo a la espera de la emisión del informe del Consejo Fiscal.

También, continúan desarrollándose las medidas para impulsar la mediación intrajudicial, mejorar la atención a las personas vulnerables y avanzar en la planificación de recursos humanos para afrontar el relevo generacional en la Administración de Justicia.