Cataluña y Canarias se abstienen porque no ven justo el reparto de porcentaje del déficit entre el Estado y las autonomías
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han aceptado este martes el objetivo del déficit del 1,5 por ciento del PIB para 2012, que sólo ha contado con el voto negativo de Andalucía, que considera que esta cifra pondrá en peligro el Estado del bienestar, y la abstención de Cataluña y Canarias, que han censurado el reparto entre el Estado y las autonomías.
Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, ha insistido en que "no es razonable" que las autonomías tengan que reducir su déficit hasta el 1,5 por ciento cuando son las que asumen servicios como la educación, la sanidad o la dependencia.
A su juicio, este reparto "desigual" en el objetivo del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas sólo tiene la "justificación" de "poner en crisis la prestación del modelo de bienestar". "Se quiere hacer negocio con lo que son los derechos y prestaciones básicas", ha censurado antes de advertir de que algunas autonomías pueden "caer en la tentación" de buscar ingresos a través de fórmulas como el copago.
Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Cataluña, Andreu Mas-Collel, ha recordado que la Generalitat aplaudió la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aprobar un objetivo "realista y creíble", pero ha criticado que la distribución entre el Estado y las comunidades es "desproporcionado". Según ha apuntado, Cataluña ha optado por la abstención y no por el voto en contra porque no quiere "mandar la más mínima señal que pudiera confundir su compromiso con el rigor y la disciplina".
Mas-Collel ha adelantado que la abstención de la Generalitat está "a la espera" de los Presupuestos Generales del Estado, donde mirarán "con atención" los cambios normativos "que puedan ayudar a las comunidades autónomas a ahorrar". A su juicio, el esfuerzo exigido a las autonomías para alcanzar el 1,5 por ciento debería reflejarse en un compromiso proporcional del Estado de un déficit del 3,8 por ciento.
Por parte de Canarias, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González, ha explicado que, a su juicio, la fijación del mismo objetivo de estabilidad para todas las comunidades autónomas es "injusto" y deberían tenerse en cuenta los "esfuerzos" de cada autonomía y sus condiciones particulares, como por ejemplo el 30 por ciento de paro que sufre Canarias.
Pero además, ha rechazado también el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. "Si las autonomías somos las que soportamos un 60 por ciento del gasto estructural del Estado no parece lógica esa distribución", ha sostenido antes de desvelar que han sido muchos consejeros de diversas comunidades autónomas los que han manifestado su desacuerdo con esta distribución.
Por su parte, el consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, José Luis Saz, ha explicado que su Gobierno ya elaboró los presupuestos teniendo en cuenta un objetivo del 1,3 por ciento y, por ello, ahora agradece la subida al 1,5 por ciento, aunque ha puntualizado que no afectará mucho a las cuentas autonómicas aunque sí "aliviará un poco".
Desde Baleares, el vicepresidente de Economía, Promoción Empresarial y Ocupación, Josep Ignasi Aguiló, ha anunciado que en pocos días el Ejecutivo autonómico planteará un plan de ajuste que supondrá una reducción de la diferencia entre ingresos y gastos de 350 millones de euros.
SUBIDA DE IMPUESTOS
Además, sobre la posibilidad de una subida de impuestos en Baleares para lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria, ha reconocido que es un asunto que la comunidad medita "seriamente" y ha explicado que se trataría, en todo caso, de figuras "que no afecten al ahorro ni a la creación de trabajo", sino que sirvan para reactivar la economía.
Tampoco ha descartado una posible subida de impuestos en el futuro el consejero extremeño de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, si bien ha matizado que es una medida "en estudio" y que no cree que se implante a corto plazo. Lo que sí ha descartado es "tocar un ápice la calidad" de los servicios sociales básicos y ha garantizado que no se plantea implantar el copago en sanidad para obtener más ingresos.
Fernández se ha felicitado por el acuerdo del objetivo de déficit porque considera que cumplirlo es "condición 'sine qua non' para salir de la crisis", por lo que ha garantizado que su gobierno intentará alcanzar el 1,5 por ciento con todas sus "fuerzas".
Por su parte, la consejera gallega de Hacienda, Elena Muñoz, ha dicho que la implantación del objetivo de déficit en el 1,5 por ciento del PIB está "en la línea de lo que reclamaba Galicia, es decir, un tratamiento igualitario" para todas las comunidades, sea cual sea su situación financiera actual.
COMPETICIÓN ENTRE CC.AA.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha lamentado que el debate que se ha producido sobre el límite de déficit ha sido una "competición" para ver a qué comunidad se le autorizaba tener un mayor déficit y ha recordado que lo "importante" es conseguir que las administraciones tengan un "menor" déficit.
Además, Manglano ha asegurado estar "en contra" de que se varíe el límite de déficit marcado por el Gobierno y ha abogado por la realización de una serie de reformas de normativas estatales que "ayuden" a que las comunidades reduzcan el gasto que viene definido por dichas normas nacionales. Esta propuesta, ha proseguido, ha contado con el apoyo de "bastantes" autonomías y con la "receptividad" del Ministerio.
En el mismo sentido, el conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat valenciana, José Manuel Vela, ve "razonable" el objetivo de déficit y ha explicado que, aunque ha habido comunidades que han pedido flexibilizarlo, "no se trata de ver qué comunidad tiene más déficit o menos sino de cumplirlo".
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, ha asegurado que a su comunidad no le va a costar alcanzar el objetivo de déficit al tener ya previsto en los presupuestos del año 2012 un objetivo del 1,3 por ciento. Por ello, la comunidad deberá hacer una "reestructuración" para cumplir con ese "severo y ambicioso" objetivo. "Ha sido un reparto adecuado y correcto y es lo que espera de nosotros la sociedad española", ha recalcado.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha reconocido que la comunidad tendrá que hacer "muchos sacrificios" para alcanzar el déficit previsto, si bien ha dicho estar "satisfecha" con el acuerdo, que permitirá a la comunidad endeudarse en aproximadamente 850 millones de euros.
UNANIMIDAD EN EL PAGO A PROVEEDORES
En este contexto, todos los consejeros autonómicos han celebrado las medidas aprobadas por unanimidad para el pago a proveedores, que, según ha detallado la responsable gallega, "da liquidez a las comunidades autónomas para atender los pagos que tienen pendientes". Para el consejero valenciano, se trata de un acuerdo "histórico".
El consejero de Murcia ha revelado que en la comunidad hay unos 9.200 proveedores que están pendientes de pagar y se ha alegrado de que con este acuerdo unánime se les podrá pagar en un "breve" periodo de tiempo. "Se trata de una magnífica noticia porque se aprueba un mecanismo que permitirá resolver esta situación tan difícil que teníamos en Murcia", ha argumentado.
El conseller catalán también ha reconocido que se trata de "un buen programa". "No puede ser la última versión de ese programa, se necesitarán más entregas, pero va en la buena dirección", ha reconocido.
