El Consejo de la Juventud de España "echa en falta" en la norma cántabra propuesta contenido sobre asociacionismo y voluntariado
SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN) ha propuesto extender el ámbito de protección de la futura Ley de Juventud hasta la edad de 35 años, frente a los 30 que contempla actualmente, y entre otras acciones ha puesto el foco en dar facilidades a los jóvenes que se quieren instalar en el campo y desarrollar allí su vida.
Para ello ha sugerido medidas como la creación por parte del Gobierno de Cantabria de un banco de tierras para que estos agricultores y ganaderos puedan acceder a su uso, además de establecer bonificaciones fiscales para los jóvenes del sector y convocar anualmente ayudas de primera instalación para incorporarse a este ámbito y favorecer el relevo generacional.
La presidenta del CESCAN, Carmen Sánchez Morán, ha trasladado estas propuestas en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido este miércoles ante los grupos de la Cámara, en el marco de la tramitación de la Proposición de Ley de Juventud de Cantabria.
Junto a ella ha comparecido también la presidenta del Consejo de Juventud de España, Andrea González, que ha sugerido incorporar en la norma herramientas para evaluar el impacto de las políticas y ha "echado un poco en falta" contenido relativo al reglamento de asociacionismo juvenil y voluntariado.
Sánchez Morán ha sido la primera en intervenir y ha centrado las propuestas del CESCAN en tres bloques: discapacidad, empleo y mejora del bienestar.
También ha señalado que el límite de la protección de esta ley en los 30 años es una edad "demasiado temprana para haber tenido la posibilidad en los tiempos que corren de una formación extensa que permita conseguir un empleo" y para haber logrado "los recursos necesarios para emprender y autoemplearse", más aún en el caso de las mujeres, ya que es habitual que "no se enfrentan a la maternidad" hasta pasados los 30.
También, tras señalar que los datos de pobreza infantil y juvenil en España son "alarmantes" -"no tanto" en la comunidad-, ha llamado a modificar la Ley de Cantabria 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales en lo relativo al requisito de edad para ser titular del derecho a una renta social básica, que actualmente excluye de la protección a los jóvenes entre 18 y 23 años que están egresados del sistema de protección a la infancia, pues "es sabido que muchos jóvenes llegan a los 18 años sin que haya sido posible su reunificación familiar y sin que puedan volver a un núcleo de convivencia".
VIVIENDA
Otro asunto del que han hablado tanto la presidenta del CESCAN como la del Consejo de la Juventud es la vivienda, uno de los "problemas" que más afecta al colectivo.
Sánchez Morán ha pedido la aprobación la Ley de Vivienda de Cantabria -"a ver si no se tarda demasiado en que logremos esta ley", ha dicho-, mientras que González ha reclamado "trabajo conjunto y un pacto de Estado" para solucionar un asunto que "evidentemente, no es un problema de Cantabria, es un problema de toda España".
"Creo que todos los grupos parlamentarios coincidís en el diagnóstico, quizás es la solución donde todavía se están teniendo más diferencias", ha señalado a los diputados cántabros.
Entre las propuestas del Consejo de Juventud de España, ha instado a incorporar en la propuesta de ley el European Youth Test, una herramienta impulsada por la Unión Europea para evaluar el impacto generacional de cualquier política, porque "no basta solo con establecer las políticas públicas, sino hay que poder medirlas, revisarlas y corregirlas".
También ha llamado a establecer un sistema de seguimiento y evaluación participativa en el que todas las organizaciones juveniles tengan el papel protagonista. Y aunque ha celebrado que el texto proponga un enfoque "interseccional", ha advertido que "debe ir más allá de la mención" y diseñar políticas específicas para jóvenes rurales, con discapacidad, migrantes, racializados, con diversidad de género o sexual.
Asimismo, ha remarcado que, tras celebrar un encuentro en Cantabria el Consejo de la Juventud estatal y el regional con entidades de toda la comunidad, los participantes denunciaron una falta de servicios piscológicos accesibles, especialmente en las zonas rurales, y reclamaron la incorporación de psicólogos en los centros de salud, así como la creación de unidades móviles y programas de acompañamiento desde centros educativos y de ocio.
Los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo con buena parte de las propuestas lanzadas en estas comparecencias, de modo que harán suyas algunas vía enmiendas.